Corrupción, la investigación deja dudas
Los tentáculos del mecanismo de corrupción más grande del continente llegaron a Bolivia con el caso Lava Jato, que está siendo investigado por dos comisiones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, una oficialista y la otra opositora, cuyos avances son demasiado bulliciosos y sesgados, poco transparentes y objetivos. La Fiscalía ha hecho poco o nada para indagar este escándalo.
Los expedientes de la investigación internacional señalan pagos de sobornos a exautoridades de Bolivia, a las que se cita con iniciales, por la construcción de carreteras de costo millonario para el país por parte de empresas brasileñas. La indagación nació con sesgos, ya que la comisión legislativa del oficialismo optó por revisar los contratos con las empresas Camargo Correa y Odebrecht (suscritos en gestiones anteriores a la de Evo Morales), mientras que su presidenta, la diputada Susana Rivero, acusa al expresidente Carlos Mesa de ser parte de la trama de corrupción, situación que él desmiente.
Inmediatamente después nació una comisión legislativa de la oposición, cuyo foco es la investigación de contratos entre empresas constructoras de Brasil y el Gobierno boliviano, aunque suscritas después de que Evo Morales llegara al poder, por lo que la mira está puesta en el accionar del actual Gobierno.
En síntesis, los oficialistas investigan a los líderes opositores y los opositores buscan sombras en la gestión del oficialismo. Hasta aquí, el afán parece ser más político que de una real búsqueda de la verdad. Ambas comisiones legislativas están utilizando mediáticamente los escasos hallazgos que tienen y, sobre esa base, lanzan duras acusaciones contra sus adversarios políticos, calentando una etapa que ya es preelectoral, en la que pareciera haber un concurso de quién está más embarrado en la corrupción.
Lo lamentable es que la carga y el interés político partidario oscurezcan una indagación que debería ser seria y profesional, con la responsabilidad de que se sepa la verdad y que se castigue la comisión de irregularidades.
Desde un primer momento el país vio con cierta envidia el desempeño de la justicia en Brasil, donde policías y fiscales investigaron en silencio y donde el juez Sergio Moro fue capaz de actuar con independencia e imputar a empresarios muy poderosos, a políticos de todos los partidos e incluso a un expresidente.
En cambio, en Bolivia han sido muchas las denuncias de parcialización de fiscales y magistrados, así como de judicialización de la política. Es así que cuesta creer que alguna de las comisiones llegará a la verdad y es lamentable evidenciar que el Ministerio Público no tenga un rol de mayor protagonismo e independencia frente a un escándalo de corrupción que ya hizo caer a presidentes y a altas autoridades en otros países, con mayor institucionalidad que en Bolivia.
Una investigación profesional y objetiva le daría certidumbres al ciudadano común, mientras que la politización de las denuncias solo deja la sensación de frustración, cansancio y descrédito, lo cual debilita aún más la institucionalidad y sumerge a los bolivianos en la desesperanza.
