De austeridad, nada

No dejan de sorprender las últimas medidas salariales adoptadas por el Gobierno. Por un lado, el incremento del 5,5% al salario básico y del 3% al mínimo nacional; por otro, la promesa de un segundo aguinaldo y la promulgación de una Ley de Empresas Sociales, que es amplia y que deja dudas acerca de los alcances de su aplicación. 

Pero no son las únicas. Al conocerse el decreto reglamentario, también se supo que las empresas del Estado y las entidades descentralizadas autónomas no están obligadas a pagar el beneficio o que lo harán en función de sus posibilidades. No obstante, el presidente y el vicepresidente del Gobierno nacional, así como los ministros y los burócratas del Estado, ya tienen asegurado su aumento de sueldo, como lo deja establecido el artículo 2 de la norma.

Los que sí están obligados a pagar son los empresarios privados, que emplean al 26% de los trabajadores (según datos de la confederación nacional que los aglutina), sea cual sea su situación financiera. Para este sector no hay ninguna concesión, pese a los gritos de auxilio, especialmente entre los medianos y pequeños.

El contexto de estas decisiones es complejo ya que muestra un descenso de ingresos para el sector público y privado nacional, sin que se hubiera disminuido los gastos en sueldos en el aparato estatal que –según Fundación Jubileo- se multiplicaron por cinco en los últimos 12 años. La caída del precio de los hidrocarburos afectó de manera importante al país, pero pudo ser una valiosa oportunidad para mirar a otros sectores de la economía, que pudieron ser incentivados para generar recursos adicionales. Empero, esa decisión fue por lo menos tímida y el resultado es que los gobernantes otra vez se esperanzan y basan sus decisiones en la reactivación del mercado hidrocarburífero, sin tomar en cuenta que los otros sectores de la economía aún no están recuperados.

¿Qué pasa más allá de las fronteras? El viernes fue promulgado un decreto de emergencia en Perú, mediante el cual se recorta el gasto público en más de 300 millones de dólares, lo que significa menos dinero para propaganda, pasajes y viáticos, vehículos oficiales o actos protocolares. La norma surge porque el presidente de ese país se dio cuenta de que es un momento de vacas flacas que demanda una estrategia para atravesarlo.

Empero, en Bolivia sigue subiendo el gasto público, aumenta la deuda externa y se continúa viviendo como en tiempo de bonanza, a pesar del déficit fiscal y a pesar de que exportamos menos de lo que importamos o que el contrabando sigue sangrando al país y golpeando las esperanzas de los productores nacionales.

Es hora de cambiar de estrategia. Las decisiones no condicen con la realidad y, sobre todo, son ofensivas para los bolivianos que trabajan de sol a sol porque el ingreso mensual no alcanza para vivir dignamente.