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2 de septiembre de 2019, 4:00 AM
2 de septiembre de 2019, 4:00 AM

Lo que viene sucediendo en la Chiquitania no va a acabar ni aun cuando se acabe el fuego, pues éste es solo un engranaje de un modelo que funciona depredando. Un modelo extractivista que tiene más Chiquitanias por destruir. Es preciso entender que no es un asunto de mero oportunismo electoral, sino un asunto de entender el desarrollo de diferente modo. No bajo el manto de un capitalismo brutal que no se apiada de la naturaleza. En ese sentido, me permito hacer un decálogo medioambiental.

1. Si no queremos vivir un desastre de proporciones dantescas, es necesario usar ya todas las formas de energía renovable existentes en el país. Debemos decir no a toda forma de energía nuclear que amenace la seguridad física de los bolivianos expuestos a fugas de material radioactivo. Un siguiente gobierno debe desarrollar las diversas potencialidades de energía solar, geotérmica y eólica.

2. No podemos permitir que el MAS siga privatizando los parques y áreas protegidas dándolos a sus socios clientelares. Si hay algo que realmente debemos nacionalizar son los parques nacionales y a las áreas protegidas del país, amenazados por la tala ilegal y la plantación de cultivos de coca. No podemos permitir que el MAS siga secuestrando territorios, reservas naturales, parques o áreas protegidas con la “ayuda” de colonos, cocaleros, cooperativistas y otros actores que se creen dueños.

3. Debemos impedir que se consume la extinción de aproximadamente 20 pueblos indígenas de tierras bajas. En las narices de la plurinacionalidad, antiguas naciones indígenas corren el riesgo de exrtinguirse. Debemos exigir la aplicación inmediata de la Ley de Protección a los Pueblos y Naciones Indígenas en situación de vulnerabilidad, en su calidad de guardianes de la Madre Tierra.

4. Debemos asumir la defensa irrestricta de los símbolos naturales de la bolivianidad: el Illimani, el Lago Titicaca, el Tipnis, el Pantanal, el Salar de Uyuni, entre otros que han sido invadidos y contaminados por las actividades no reguladas de un capitalismo salvaje.

5. No podemos permitir el chaqueo descontrolado. Un desmonte criminal con la intención de lucro. Debemos exigir la aplicación irrestricta de la Ley Forestal, que es decir no a la continua destrucción de nuestros bosques. Bolivia perdió el 12,8% de bosques en 25 años.

6. No podemos administrar el agua cuoteando la empresa del agua, Epsas, a riesgo de que ocurra alguna otra desgracia. Debemos decir sí, a la protección de las reservas de agua dulce del país. Ello exige la elaboración inmediata de un balance hídrico que permita tener certeza de las reservas que tenemos.

7. Se debe aprobar y aplicar una Ley de Protección de Glaciares, teniendo en cuenta que de 1986 a 2015, el 43% de ellos han quedado descongelados. Ello traerá estrés y desabastecimiento hídricos.

8. Debemos decir sí a la regulación de la expansión urbana sobre áreas y territorios verdes. El crecimiento de las ciudades ha convertido las zonas periféricas urbano-rurales o rurales en materia prima del capital transnacional, financiero y especulativo. Se requiere una Ley de Urbanismo que facilite un pacto de control de este modelo. Se requiere un tratamiento inmediato de la contaminación causada por la basura.

9. Debemos exigir la construcción de caminos y demás obras con un debido respaldo medioambiental. A los problemas de contratación directa, el uso masivo de recursos fiscales en caminos construidos sin estudios de factibilidad o la construcción de puentes y caminos de escasa utilidad, se añade el inexistente soporte ambiental.

10. Debemos aplaudir la solidez productiva de la agroindustria pero sin entrar en una complicidad con visos de repartija de tierras, legalización de desmontes, pago mínimos de impuestos, consolidación de subsidios “eternos”, entre otros aspectos que ameritan un debare (el uso de transgénicos, la viabilidad de la bioenergía, etc). Debemos decirle al MAS ya no podemos alentar alianzas de lucro, pactos de despojo de la naturaleza y acuerdos políticos basados en el uso irrestricto de la tierra como mera mercancía. Y debemos exigir la regulación de una agricultura no sostenible, con la consiguiente promoción a la actividad económica agroecológica, en manos de pequeños y medianos productores campesinos, lo que garantizará una producción nacional autosuficiente, capaz de restringir el uso de químicos contaminantes, transgénicos indebidamente supervisados además de productos extranjeros que inundan nuestros mercados.

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