El derecho a cambiar de opinión
Hay hechos que llaman a la reflexión. Entre estos, cómo ciertos regímenes que, con gran apoyo inicial, pierden a partidarios que pasan a formar parte de una masa crítica que los rechaza. Pero, con demasiada frecuencia, a los desencantados se los califica como tránsfugas y aun como traidores. Lo cierto es, sin embargo, que la desilusión aparece cuando se advierten errores insalvables, actos de corrupción y conducta despótica de un gobierno.
Para algunos, lo anterior se trata de un craso oportunismo y, para otros, un ejemplo de reconocimiento del error. Por supuesto que a los caciques abandonados –en especial si son autoritarios– les cuesta mucho reconocer que van quedando solos. No advierten –o no quieren reconocerlo– que ese cambio se debe al proyecto político fallido que defiende el caudillo y sus cercanos amigos. Entonces, surgen las poco honestas acusaciones de traición contra los que tuvieron el coraje de sus hasta entonces partidarios de abandonar el proyecto fallido. Pero hay más: esto es peor cuando un régimen se empeña en la falsedad de asegurar que aún cuenta con el apoyo ciudadano mayoritario.
Y hay ejemplos concluyentes: en Venezuela el desgaste de los partidos tradicionales hizo posible el triunfo electoral de Hugo Chávez, que luego fundaría el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), el que ahora ha entrado en fase terminal. En Brasil, el gran respaldo popular al Partido de los Trabajadores (PT) y a su líder, Inácio Lula da Silva, y a su sucesora, Dilma Rousseff, se derrumbó por la corrupción generalizada. En Bolivia, el jefe del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales Ayma, que inicialmente obtuvo una inédita mayoría de votos y fue elegido presidente –también por mayoría–, ya se manifestaron contra su permanencia indefinida en el cargo. La primera manifestación de ese abandono y cambio de opinión fue el resultado del referendo del 21 de febrero: el partido oficial y su jefe perdieron el apoyo de los ciudadanos; y, recientemente, en las extrañas elecciones preliminares, aun siendo administradas por un organismo comprometido con el régimen, dos tercios de los que fueron sus partidarios han cambiado de opinión. Nada de mazazo como pretendidamente afirma ahora el jefe de Estado, sino pérdida rotunda.
Por supuesto que los ciudadanos tienen derecho a cambiar de opinión y a negar respaldo cuando un proyecto político fracasa y se acerca al colapso por faltas y errores de sus conductores. La democracia, entonces, se manifiesta, especialmente cuando nuevos actores tienen el propósito de enmendar errores y abandonar proyectos fallidos.
