El límite del segundo aguinaldo
El 10 de octubre, el Gobierno confirmó el pago del segundo aguinaldo para la gestión 2018, con el argumento de que, entre julio de 2017 y junio de 2018, la tasa de crecimiento del PIB fue del 4,61%, cumpliéndose así el requisito señalado en el decreto 1802. Con esta decisión se concreta el acuerdo al que llegó el Ejecutivo con la COB, seis meses antes, y se consolida el incremento salarial de casi el 14%, planteado por la dirigencia sindical, si se suma el 5,5% de aumento al básico más el 8,25% del segundo aguinaldo.
Debemos recordar que la negociación de entonces excluyó al sector privado, desoyendo el mandato del Convenio 131 de la OIT, además que decidió la promulgación de la Ley de Empresas Sociales, uno de los más graves atentados contra la iniciativa privada en el último tiempo. Desde el sector empresarial hemos anotado en varias oportunidades el impacto adverso que tiene el segundo aguinaldo sobre ámbitos tan gravitantes como la producción, la calidad del empleo, la inversión privada y la formalidad. Nuestra advertencia fue más insistente en esta gestión, debido al agravamiento de la situación económica en los departamentos fuera del eje y de varios sectores, cuyas empresas han registrado en el último año cese de actividades, disminución de la demanda o una considerable mora en los pagos de contratos con las entidades públicas. La situación ha alcanzado niveles críticos, especialmente para las medianas y pequeñas empresas cuyos dirigentes han advertido que no podrán cumplir con este pago -aún a riesgo de las consecuencias sobrevinientes-, pero también para las constructoras bolivianas, la agricultura, la industria manufacturera, los servicios de hotelería y gastronomía y varios otros. En estos sectores, afectados por el aumento del contrabando, la importación creciente de productos chinos, la presión tributaria, la crisis argentina y la disminución de la inversión pública local se han alertado la eventualidad de una mayor precarización del sector privado con los riesgos de una afectación sobre el empleo y el aumento de la pobreza.
El segundo aguinaldo también consolida la tendencia discriminadora hacia los privados ya que, al evidenciar que las entidades del Estado no tienen capacidad para cubrir el pago con sus recursos, el Gobierno ha autorizado traspasos de otras partidas y en algunos casos ha comprometido recursos adicionales, mientras que, en el caso de los privados, no considera ni la imposibilidad material de cumplir con esta decisión. A esto se añaden las dudas sobre las cifras de crecimiento del PIB y la negativa del Gobierno a realizar un análisis conjunto sobre la forma de cálculo y la aplicación de los datos que obtienen de las fuentes primarias. Más allá de las consecuencias graves de esta medida; la evidencia de que se ha abierto una brecha entre la obligatoriedad de la norma y la capacidad real de su cumplimiento en algunos sectores; y la crítica situación que atraviesan las empresas en la mayoría de las regiones del país, resulta claro que el segundo aguinaldo es un problema de fondo cuya persistencia pone en cuestión el rumbo que quiere seguir el Gobierno en su política respecto al sector privado. Este tipo de medidas de política salarial, inscritas en una visión desigual y discriminadora hacia el empresariado, ha llegado a un límite que no se puede sostener, porque afecta estructuralmente las condiciones mínimas para garantizar la sostenibilidad de la base empresarial boliviana. El Gobierno no solo debe responder por las consecuencias que tendrá la persistencia del segundo aguinaldo, sino, sobre todo, deberá aclarar cuál es la visión que sustenta sobre la iniciativa privada formal y cuál es el verdadero rol que le asigna en el Estado Plurinacional.
