El mito del bien común y la importancia del control eficiente
La democracia, al ser un sistema de convivencia plural, implica ‘convivir’ en la diversidad, entre diferentes y opuestos. De allí que surge una historia cíclica y continua de conflictos y conquista al interior de cada país.
Adviértase que entre los principios éticos previstos en la Constitución boliviana (art. 8-I) se encuentra el “suma quamaña” (Sumaj Kamaña) el cual proviene del aimara que introduce el elemento comunitario traducido como “buen convivir”, esto es, la sociedad en suficiente armonía interna para todos; muestra de ello es que el artículo constitucional antes mencionado seguidamente expresa el término Ñandareko (en guaraní significa: vida x).
La moral corresponde al fuero interno individual, es la que dictamina qué está bien y qué está mal, a través del discernimiento humano, por ende un Estado respetuoso del individuo, no puede inmiscuirse en el fuero interno de la moral, de tal modo que en vez de hablar de "bien común" deberíamos referirnos a “intereses generales” por estar en mejor sintonía con el criterio constitucional de convivencia armoniosa que es el fruto del consenso, del pacto.
En ciencias políticas se usan como sinónimos las denominaciones: interés general, interés público o interés nacional. Por interés público, usualmente se entiende a las acciones que realiza el gobierno para el beneficio de todos.
Tomando en cuenta que toda acción es resultado de una decisión, resulta que la política tiene que ver con toma de decisiones y el Estado es aquel que tiene la capacidad en la toma decisiones de carácter obligatorias, es decir, posee el monopolio de la producción de las normas jurídicas y el establecimiento de instituciones.
En cuanto a la toma de decisiones, lo ideal es optar por aquellas menos aleatorias posibles y para ello urge que la administración pública cuente con normas jurídicas claras, precisas, no volubles que los regule, dado que sirven a los actores como marco referencial en la toma de decisiones. Por ejemplo, una ley específica sobre contrataciones públicas y sobre contratos públicos para evitar actos de corrupción reflejados en contratos sin procesos serios de licitación plagados de amiguismo y fraude.
Téngase en cuenta, que si la administración pública funciona bien implica quitar privilegios, es decir, se acabarían aquellas estructuras de privilegios generadoras de mayor corrupción (Ej.: caso Odebrecht, caso Lava Jato, etc.) y el mecanismo para lograrlo es a través de controles eficientes, de meritocracia en la función pública, de carrera administrativa con exigencias éticas, entre otras, los cuales a su vez posibilitan que dicha administración se base en la confianza y no como ocurre en Latinoamérica, cuya administración pública se encuentra cimentada en la absoluta “desconfianza”.
