El mundo sabe que el mercurio, utilizado para extraer minerales, es un veneno que contamina los ríos y el medioambiente. También lo sabe el Gobierno nacional. Nuestro Estado ha suscrito el Convenio Internacional de Minamata, con el objetivo de proteger la salud humana y el medioambiente de las emisiones y liberaciones del mercurio y sus compuestos a la atmósfera, suelo y agua. No obstante, en Bolivia se ha multiplicado la importación de este metal y su uso es intensivo para la explotación de oro.

Una investigación periodística de EL DEBER encontró que, en el norte de La Paz y parte del departamento de Beni, hay una sustancia negra que se va apoderando de las aguas de varios ríos y que, en su recorrido, termina envenenando la flora y la fauna, que son parte del menú cotidiano de varios pueblos. Uno de ellos, el de los ese ejjas, vive a orillas del río Beni y tiene el pescado como uno de sus alimentos fundamentales.

Las cifras demuestran que lo que hace Bolivia no contribuye al logro del objetivo de liberar a sus ríos del mercurio. Según el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), las importaciones de este metal se incrementaron 646 veces (de 369 a 238.330 kilos) entre 2005 y 2016.

Un estudio difundido por los ministerios de Relaciones Exteriores y de Medio Ambiente y Aguas hace un par de años revela que la emisión y liberación del mercurio subió del 6,8% en 2005 al 12% en 2014, lo que nos convierte en el segundo emisor del metal a escala mundial.

Adicionalmente, los pobladores del norte paceño cuentan con desesperanza que se ha multiplicado el número de dragas para la explotación de minerales en sus ríos, lo que ha sido corroborado por el mismo Ministerio de Medio Ambiente, al señalar que en julio hubo operativos en la zona, con la detención de 22 personas, la mayoría chinos y colombianos.

En suma, más allá de los acuerdos internacionales, es inquietante la falta de protección a los recursos naturales y, por ende, a la salud de los pobladores de zonas adyacentes a la explotación minera aurífera.

Urge que el Estado defina y ejecute acciones concretas, ya que la contaminación provoca daños irreversibles a la salud y a la preservación de la vasta riqueza natural de los bolivianos.