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| 13/12/2018


Escalada de violencia y ‘medias verdades’

Es inverosímil y peligrosa la vinculación que ha hecho el Gobierno del vandalismo y el estallido de violencia de las últimas horas con el movimiento legítimo de defensa del 21-F. El oficialismo intenta estigmatizar otra vez la protesta contra el incumplimiento de la Constitución, asociándola a la teoría de la conspiración que ya aplicó en algunos momentos para victimizarse y aplacar el malestar ciudadano.

El enemigo de la estabilidad y del ‘proceso de cambio’ nace otra vez en sectores conservadores de Santa Cruz, según el Gobierno. Ninguna novedad estratégica. Al contrario, la fórmula para desactivar la resistencia ciudadana pacífica vuelve a ser casi la misma de siempre. Crear el enemigo y asociarlo a la violencia. Ya pocos se lo creen. Insistir con la teoría de la conspiración solo ayuda a la peligrosa confrontación callejera y regional. Los violentos no están focalizados en el oriente boliviano, en sus cívicos y, ahora, en las activas plataformas ciudadanas, como lo sostiene el relato oficial.

Los que han estado durante todo el año en las movilizaciones callejeras de defensa del 21-F o los que participaron en la reciente marcha universitaria pueden testimoniar que sus demandas están alineadas con el respeto al orden constitucional y la convivencia pacífica. Cada posible brote de anarquía ha sido rápidamente apagado y condenado por sus líderes y seguidores. Por lo tanto, es inaceptable que se afirme que hay en las movilizaciones del 21-F una repetición de los métodos de lucha violenta del año 2008. Solo faltaría escuchar otra vez que obedecen a corrientes separatistas.

El ataque de la noche del martes a algunos edificios públicos no ha sido planificado ni promovido por la institucionalidad cruceña. Lo ha concluido así el propio ministro de Gobierno, al deslindar responsabilidades del Comité pro Santa Cruz y de la Uagrm. En cambio, su versión es parecida a varios testimonios de que el vandalismo fue protagonizado por un minúsculo grupo de encapuchados ajenos a los organizadores de la movilización estudiantil. Se debe indagar, sin embargo, si estos tienen o no nexos políticos y por qué la Policía no actuó a tiempo para proteger el bien público, como lo hizo en anteriores días.

Hay que también aclarar la sospecha sobre infiltraciones en las movilizaciones pacíficas y amparadas por la propia Constitución. No obstante, la escalada de violencia puede agravarse si no se atiende la demanda central, que es el respeto al voto popular.

Finalmente, no se puede ser duro con algunos violentos y blando con los violentos afines. ¿Hay acaso diferencia entre los que queman edificios públicos y los que anuncian cercos a las ciudades si inhabilitan al binomio gubernamental? ¿Hay acaso diferencia entre los que dañan oficinas y los que impiden a la fuerza a los opositores hacer campaña proselitista en sus reductos? Coherencia, ante todo, para que podamos enterrar ‘las medias verdades’ y confiar más en nuestro Estado.








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