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OPINIÓN



| 09/11/2018


Está pendiente la reforma carcelaria

nocentes que purgan penas por delitos que no cometieron. Privados de libertad que viven en condiciones infrahumanas. Centros penitenciarios que son núcleo de delitos graves sin control estatal. Montañas de procesos judiciales que duermen el sueño de los justos gracias a la burocracia, la ineficiencia y la corrupción. Así se encuentra el sistema penitenciario boliviano, sin duda, uno de los peores del mundo.

Esta semana nos alegramos porque la Justicia argentina le otorgó la excarcelación a Claudia S.E., acusada por tráfico de cocaína en la frontera. Ella es la mamá del niño ‘Chumita’, que murió a causa del cáncer, caso que conmovió a todos los bolivianos. También en el vecino país se otorgó perdón judicial a otra boliviana que trasladó droga para comprar una silla de ruedas a su madre. Ambas tuvieron la suerte de caer en manos de un sistema judicial que funciona razonablemente y que consideró sus casos por razones humanitarias.

Pero, ¿cómo estamos en casa? En Bolivia, cientos de detenidos viven en las cárceles sin contar con una resolución judicial que certifique la exigencia de un castigo. El trabajo de la clínica jurídica permitió descubrir una caja de Pandora cargada de injusticias en Palmasola.

Un informe de Séptimo Día reveló que existen jueces que admiten que sentenciaron a inocentes a recintos carcelarios y que hoy, pese a ser liberados, nadie les devuelve los años perdidos en una cárcel. El caso del médico Jhiery Fernández condenado por un delito que no cometió no es el único. Muchos perdieron su familia y ahora no pueden conseguir un trabajo por una trama perversa impulsada por policías, fiscales y jueces que forman parte de verdaderas organizaciones corruptas y mafiosas.

Ahora, desde el Ministerio de Justicia se habla de realizar un censo en los penales. Es una iniciativa importante, pero debería ir acompañada de acciones concretas para resolver casos de personas cuyos expedientes se perdieron, de otras que permanecen más de lo que dicta su sentencia en la cárcel, etc. Como bien recuerda el papa Francisco, los detenidos –aún si hubieran cometido delitos– son seres humanos que tienen todos sus derechos fundamentales plenamente vigentes, salvo el de la libertad, y que los Estados tienen la obligación de protegerlos y garantizarlos.

Por otro lado, hay que destacar el impulso que se está dando a la construcción de una biblioteca dentro de la cárcel de Palmasola. Los detenidos también tienen derecho a la educación, la formación en oficios productivos y a la salud plena durante su reclusión. Un libro puede hacer la diferencia para personas que, en muchos casos, sienten que lo han perdido todo.

Este granito de arena no debe quedar ahí. Se necesitan más ladrillos para ayudar a los presos en un proceso verdadero de rehabilitación.





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