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| 19/05/2019


Estado débil

El sábado pasado se puso fin a un episodio negro del Gobierno de Evo Morales. En horas de la tarde se entregó a la Policía Pedro Montenegro, un narcotraficante que logró ingresar a los más altos niveles de la justicia y la Policía Boliviana con una efectividad asombrosa, al punto que fue condecorado por la propia institución del orden.

Hoy dos altos jefes policiales están en la cárcel y otros tantos están bajo sospecha de nexos con Montenegro.

En este artículo, trato de ver este episodio desde el largo plazo, planteando algunas hipótesis que ayuden a entender mejor por qué se da esta penetración del narcotráfico en el Estado boliviano.

Antes se debe precisar que la permeabilidad del Estado boliviano hacia organizaciones delincuenciales no solo es con el narcotráfico sino también con otros grupos y actores con poder que han tenido éxito en desafiarlo, como los contrabandistas, los cocaleros, los loteadores y los fabricantes de medicinas falsas, entre otros. Por tanto no es un asunto con un grupo en específico sino que se trata más de un modo de actuar, de un modo de ser del Estado.

Una segunda hipótesis es que esta debilidad es producto de dos elementos: ausencia de institucionalidad y falta de una burocracia profesional en el aparato estatal.

Sobre lo primero no hay mucho que añadir puesto que, como se sabe, el gobierno del MAS en su búsqueda de control político y permanencia en el poder, ha roto cuanta norma o ley se le puso al frente.

Respecto de lo segundo, se puede decir, que el actual gobierno ha privilegiado el criterio político sobre la calidad y experiencia profesional; la servidumbre y obediencia al partido por sobre la idoneidad y la eficiencia.

El resultado es un estado incapaz de reaccionar a las amenazas de otros grupos con poder, o reaccionar demasiado tarde, cuando el daño ya está hecho, como es el caso que motiva este artículo.

Ningún Estado puede garantizar su independencia de los distintos poderes que se forman a su alrededor, y terminan por desafiarlo, si es que no avanza en construir un orden normativo y desarrolla una burocracia técnicamente capaz.

Por eso, el caso Montenegro no es una simple anomalía, un acontecimiento falaz en un Gobierno que presume de corrección y transparencia; no es un episodio externo y, por tanto, subsanable con solo voluntad política y declaraciones contundentes. No lo es, porque la penetración del narcotráfico en el estado es el resultado de un largo proceso, donde se han combinado ambición de poder, soberbia en el estilo político, ausencia de mecanismos de rendición de cuentas y una curiosa forma de entender la democracia.

Hoy el Gobierno se encuentra ante el desafío de defender a la sociedad de las mafias, de todo tipo, no solo las de narcotráfico, insisto. Para ello debe construir una agenda que dé paso a mecanismos de rendición de cuentas efectivo y transparente, lo que implica construir independencia de los poderes Legislativo, Judicial y Electoral y aceptar la crítica que viene desde los espacios de la sociedad civil.





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