Etanol, un salto cuántico de desarrollo
La aprobación de la Ley del Etanol aproxima a Bolivia al inicio de una nueva era en su economía. Es tan favorable la norma que fue sancionada por unanimidad en el Senado. Oficialistas y opositores levantaron la bandera a cuadros para regular la producción, el uso y la venta de aditivos de origen vegetal.
La nueva ley emerge de una propuesta de larga data del sector privado. Finalmente, en marzo de este año se selló el acuerdo entre el Gobierno y los empresarios, luego de lo cual comenzaron las millonarias inversiones: cuatro ingenios incrementaron las plantaciones de caña de azúcar, adquirieron tecnología para la producción de biocombustible, aumentaron la contratación de mano de obra, entre otras iniciativas. No solo cañaverales, una empresa productora de sorgo anunció también que ya ha cerrado la venta de 25 millones de litros de etanol a YPFB.
Ahora son los surtidores los que están invirtiendo seis millones de dólares para tener bombas adecuadas para la venta de etanol. Es más, ya existen en 70 estaciones de servicio en Santa Cruz y 17 más en el resto del país que están habilitadas para hacer realidad el proyecto.
Aparte de limpiar el medioambiente del uso excesivo de combustibles no renovables, la comercialización de etanol en Bolivia permitirá que el país ahorre 1.700 millones de dólares anuales, que ahora son utilizados para subvencionar la gasolina y el diésel. Se prevé que haya un incremento del 1% en el Producto Interno Bruto, que se generen 15.000 empleos directos y 12.000 indirectos.
Sobre todo, esta iniciativa permite demostrar que la convergencia de esfuerzos entre el sector público y privado es la vía para dar saltos cuánticos de industrialización y desarrollo. El Gobierno no debe ver a los empresarios como enemigos, sino asumirlos como aliados, porque el esfuerzo conjunto viabilizará beneficios para los más de 11 millones de bolivianos.
Por su parte, los empresarios están obligados a seguir teniendo iniciativas y propuestas para avanzar, lo que implica perseverar para que el Estado los tome en cuenta y defina políticas de incentivo más que de freno al sector.
