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| 12/12/2018


La defensa legal del Estado

La Defensa Legal Internacional del Estado puede ser entendida como el conjunto de acciones jurídicas realizadas por abogados especializados de la administración pública ante un tribunal o instancia internacional para la solución de una controversia con el objetivo de defender los intereses, soberanía y patrimonio del Estado. Paradigma esencial que también implica la existencia de una institucionalidad responsable de materializar esta defensa a escala internacional; que en el caso boliviano es la Procuraduría General del Estado, creada por la Constitución del año 2009 y puesta en marcha en febrero del año 2011.

Institución esencial que Bolivia no tuvo en el pasado mientras que otros países de la región la crearon casi paralelamente a su fundación (Colombia en 1830, Venezuela en 1863, Argentina en 1863, Chile en 1895). Esto debido a que en Bolivia siempre se tuvo una mentalidad entreguista y enajenada del Estado, es decir que cada gobierno consideró a la administración del Estado como un bien personal que debía expoliar para sí, sus nexos internacionales y su entorno político.

Cuando el presidente Evo Morales asumió las riendas de la administración de Bolivia en enero de 2006, una de sus primeras metas fue crear un Estado soberano en todos los aspectos posibles: políticos, económicos, culturales y por supuesto jurídicos y legales. Por ello, la soberanía en materia de defensa legal se materializó cuando se creó un aparato institucional estable y especializado que pueda defender los intereses del Estado en cualquier escenario. Mismo que primero se inició como un ministerio sin cartera, más tarde se transformó en el Ministerio de Defensa Legal y finalmente en la Procuraduría General del Estado.

Asimismo, para inicios del año 2006, los Arts. 24 y 135 de la anterior Constitución que ordenaban que todas las actividades económicas, incluidas la explotación y aprovechamiento de recursos naturales, deberían estar sometidas a la soberanía, a las leyes y a las autoridades de Bolivia, habían sido pisoteadas. Ello debido a que anteriores autoridades bajo una actitud sumisa y limosnera suscribieron varios Tratados Bilaterales de Protección de Inversiones (TBI) sometiendo al Estado ante foros arbitrales externos en detrimento del principio de trato igualitario a nacionales y extranjeros y en claro favoritismo a intereses foráneos.

Siendo esto inaceptable, gracias a la nueva visión de país y la valentía del presidente Evo, entre el año 2006 y 2013 Bolivia decidió denunciar la totalidad de estos tratados bilaterales de inversión, que permitían que las leyes nacionales no sean aplicables a los inversionistas, que les obsequiaban un amplio catálogo de derechos especiales y ninguna responsabilidad con el medioambiente, el desarrollo y los derechos de los grupos sociales más vulnerables. Permitiendo en suma que sus reclamos creativos y exorbitantes no sean atendidos por jueces nacionales, sino por tribunales internacionales. Acción soberana que vino acompañada de diferentes decisiones de nacionalización que permitieron recuperar bienes, recursos y servicios básicos del pueblo boliviano que hasta ese entonces eran un botín privado. Al hacerlo, el Gobierno nacional obró cumpliendo el Derecho Internacional, cumplió criterios de utilidad pública y sobre todo benefició al desarrollo del país generando una prosperidad nunca antes vista en nuestra historia. Todo ello, respetando el derecho a la compensación que debe recibir todo inversionista, pero en el marco de la racionalidad.

Esta nueva lógica, responsable en lo jurídico, racional en lo económico y coherente en lo social, que tiene como fin último redistribuir la riqueza entre el pueblo, ha probado ser totalmente ganadora como lo evidencian los recientes laudos obtenidos en los casos de arbitraje internacional Jindal Steel & Power y South American Silver. En el primer asunto, nuestra defensa evitó que el Estado sea arrastrado a una disputa en la que no era parte y que le podía haber costado más de $us 86 millones; en el segundo caso, una empresa minera deseaba obtener del Estado $us 386 millones, aún sabiendo de los abusos contra un pueblo indígena y el medioambiente que había cometido. Ambas empresas no obtuvieron lo que pretendían porque en ambos casos el Estado actuó responsablemente y apegado al derecho, sin odios, autoritarismos, presiones o caprichos, actuó como siempre debe actuar una nación responsable.

Con estos resultados, casi 500 millones de dólares se quedarán en las arcas del Estado para construir hospitales, escuelas, carreteras y otros bienes y servicios en favor de los bolivianos.

Como lo afirmara el canciller alemán, Konrad Adenauer: “En política lo importante no es tener razón, sino que se la den a uno”. Razón que nuestro país recibe de la mano de tribunales internacionales de arbitraje que son famosos por defenestrar siempre o casi siempre a los Estados, ello atestigua que defender correctamente y en base a la verdad a la patria siempre rinde frutos.





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