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OPINIÓN



| 09/01/2019


López Obrador y el Grupo de Lima

El Grupo de Lima, integrado por Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía, tiene el objetivo de impulsar una salida pacífica a la grave crisis que sufre Venezuela, atribuible a la acción depredadora del chavismo, que está empeñado en inaugurar este 10 de enero un nuevo periodo presidencial de Nicolás Maduro, supuesto triunfador de las elecciones del 20 de mayo de 2018.

Ante esto, el Grupo de Lima acaba de emitir un duro comunicado conjunto, en el que anuncia que sus integrantes –excepto México– reiteran que desconocen la legitimidad de esos comicios, ya que no cumplieron con la legalidad y las reglas democráticas, como las previstas en la Carta Democrática Interamericana: “…la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo…”. El Grupo de Lima anuncia en dicho comunicado duras sanciones al régimen chavista, mientras México se abstuvo de suscribirlo, y aún pretende continuar como miembro de esta instancia internacional.

La falta de apoyo de uno de los miembros de Grupo a las medidas aprobadas –como es el caso de México– preocupa, pues nuevamente, como fue con Cuba, México rompe el consenso de procurar que predomine la legalidad y la democracia representativa en la región. El falaz argumento esgrimido por el nuevo canciller mexicano es que su país “continuará promoviendo la cooperación internacional, el respeto a la autodeterminación de los pueblos y la solución pacífica de controversias… “; y que así retorna la política tradicional mexicana de respetar el principio de la no injerencia en los asuntos internos de un Estado. Una curiosa interpretación.

El profesor universitario Ignacio Roncagliolo Benítez, sobre el alcance de la no intervención, dice: “…la no injerencia tiene ciertas excepciones en virtud de las cuales la comunidad internacional podría realizar intervenciones en un Estado que, incluso, impliquen el uso de la fuerza. Así, la amenaza o el quebrantamiento de la paz y seguridad internacionales justifican una excepción al principio de no injerencia. Hoy en particular, la intervención por razones humanitarias constituye la más importante excepción al principio de no injerencia, que en el marco de Naciones Unidas y desde 2005 se encuentra consagrada en una nueva regla denominada ‘responsabilidad de proteger’”.

Lo del viraje del Gobierno de López Obrador ya luce como una nueva muestra de solidaridad con el populismo, como fue la invitación al autócrata venezolano a las ceremonias de su asunción del mando.





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