Los dobleces del caso Quiborax
Ha comenzado el camino hacia un juicio de responsabilidades al expresidente Carlos Mesa por haber decidido la ruptura de un contrato con la firma NMM-Quiborax durante su mandato. El pliego acusatorio fue presentado por la Fiscalía General del Estado tras un proceso de investigación que luce incompleto como para tomar tan trascendental decisión, lo que abre un abanico de dudas acerca de si se está actuando en correcta aplicación de la ley o si se trata de una acción política destinada a anular a Mesa como potencial candidato a la Presidencia.
Mesa era presidente en 2004 cuando tomó la decisión de anular la concesión de la empresa NNM- Quiborax en el salar de Uyuni. Tal decisión fue ratificada por el mandatario sucesor Eduardo Rodríguez Veltzé. Mesa argumenta que lo hizo porque estaba incumpliendo el acuerdo y engañando al país respecto a los reales ingresos que percibía. La firma minera demandó a Bolivia ante el Ciadi (tribunal internacional de arbitraje), en un proceso que terminó con la sentencia de que el Estado boliviano pague una compensación de $us 42,6 millones. El procurador asegura que Mesa no siguió los procedimientos adecuados para anular la concesión y que eso le causó una millonaria pérdida al Estado, la Fiscalía se adhiere a esa posición planteando una acusación por tres delitos contra el exmandatario.
En el camino ocurrieron varios hechos, que al menos deberían ser indagados por la Fiscalía, si se trata de llevar adelante un proceso transparente. Primero, uno de los accionistas de MNN- Quiborax presentó documentos falsos para realizar la demanda y esto no fue utilizado por la defensa del Estado boliviano, en este Gobierno y a cargo del actual ministro de Justicia. Es más, la Procuraduría ni siquiera fue parte acusadora en el proceso contra un socio chileno por falsificación y finalmente la Fiscalía se retiró del caso, con lo que se absolvió al empresario.
Segundo, hubo dos opciones de acuerdo: una por $us 3 millones y la otra por $us 27 millones; pero no se concretaron y la cifra fue creciendo. La otra consideración, mucho más delicada, es que hubo filtración de documentos desde la computadora de la subprocuradora, Carmiña Llorenti, a los miembros de la defensa de Quiborax-MNN, lo cual fue determinante para que el resultado del proceso sea el que fue.
El Ministerio Público tomó declaraciones a Carlos Mesa y a los que fueron sus ministros, pero no citó a Héctor Arce, principal responsable de la defensa del Estado en este caso. Tampoco convocó al expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé para preguntarle por qué ratificó la anulación de la concesión ni concretó la declaración de la exsubprocuradora, precisamente la funcionaria desde cuya computadora se filtró la información a los abogados chilenos. Ahora se sabe que la Fiscalía no fue tan celosa en el caso de falsificación que involucra a un socio de Quiborax y que su actuación facilitó que este sea absuelto y que finalmente el Estado pague los $us 42,6 millones. En cambio, avanza a paso acelerado para acusar al expresidente y potencial adversario del MAS en las elecciones presidenciales. Frente a esto, hay una corriente de opinión que sostiene que hay una judicialización de la política y que esto fractura los principios de la democracia, lo cual es una pésima señal para los bolivianos.
Es vital que el Poder Judicial, adonde debe llegar el pliego acusatorio, asuma que debe actuar al margen de los intereses políticos del poder de turno. Su rol es histórico para impedir un mayor deterioro de la democracia.
