Patrimonio arqueológico

Nuestra CPE establece en el artículo 99 que el patrimonio cultural del pueblo boliviano es inalienable, inembargable e imprescriptible. Los recursos económicos que generen se regularán por la ley, para atender prioritariamente a su conservación, preservación y promoción. La riqueza natural, arqueológica, paleontológica, histórica, documental y la procedente del culto religioso y del folclore es patrimonio cultural del pueblo boliviano, de acuerdo con la ley. El patrimonio arqueológico de un Estado genera turismo y la entrada de divisas al erario. Por ejemplo: los romanos, griegos, judíos, árabes, mexicanos, peruanos, etc. han construido grandes museos nacionales con los objetos arqueológicos obtenidos, protegidos y preservados en estos centros culturales de la vida histórica de los pueblos antiguos. Ellos han promocionado su descubrimiento a nivel nacional e internacional porque produce visitantes de todo el mundo para ver estas riquezas del pasado. Por lo tanto, debe haber mayor importancia del Gobierno nacional y departamental para el descubrimiento y exploración de nuevos yacimientos arqueológicos, que puede generar muchas fuentes de empleos. En Bolivia, por lo menos en 3 universidades, tenemos que crear la carrera de Arqueología. 

Todas las riquezas arqueológicas que se encuentren bajo el suelo o subsuelo son de dominio originario del Estado; sin embargo, se observa que hay una ineficacia en la explotación y promoción del mismo. Solo mostramos algunos lugares arqueológicos, como la Puerta del Sol, el lago Titicaca, el Fuerte de Samaipata o las Misiones Jesuíticas, siendo que se pueden descubrir más yacimientos arqueológicos. Considero que debe haber mayor control social y la intervención del Gobierno nacional a través del organismo pertinente, así como de la gobernación y la municipalidad a escala departamental en la exploración y preservación del patrimonio local para crear museos especializados que inviten a turistas de todo el mundo y producir ganancias económicas en favor de la región y, por ende, al Estado boliviano; sin embargo, la exploración de los sitios arqueológicos no deben destruir el habitat natural de las comunidades indígenas porque generaría desplazamientos forzosos a otros lugares, generando mayores necesidades económicas. El dinero recaudado debe ser invertido para lograr una mejor calidad de vida de las personas. Hay que crear organismos especializados para la investigación arqueológica, apoyados económicamente por el Estado (gobiernos) y académicamente por las universidades. El patrimonio, al ser controlado más de cerca por las autoridades regionales correspondientes, generaría una tendencia a reafirmar lo local, pero con más dinamismo social, político, cultural y mejor activismo ecológico. Debe pensarse en una nueva reingeniería de la exploración y protección de nuestro patrimonio. Hay que crear la tipificación penal del delito: “Daño ambiental, deterioro, destrucción y saqueo de lugares arqueológicos”. Debe haber más participación y apoyo financiero para descubrir nuevos lugares arqueológicos que generarán mejores ingresos económicos para beneficio departamental y nacional.