Por la defensa de “lo público”

Hace casi 60 años, en el contexto de la posguerra y con las secuelas aún vivas del nacismo, el autor más reconocido de la segunda escuela de Frankfurt, Jurgen Habermas, publicó una de sus obras más celebres: Historia y Crítica de la Opinión Pública (1961).

Posteriormente, el texto y el autor recibieron distintos cuestionamientos. Algunos consideraron la propuesta implícita muy elitista; otros la pensaron demasiado idealista. No obstante, en tiempos donde “lo público” en Bolivia está sufriendo un ahogo continuo por parte del establishment del Movimiento Al Socialismo (MAS), considero pertinente recordar el planteamiento ‘habermasiano’, a través de cuatro elementos claves de su obra: el Estado de Derecho; el concepto de lo público; el rol de los medios de comunicación; la acción racional ciudadana.

“Solo se convertiría en una sociedad estatal si todo poder social un poco relevante políticamente estuviera sometido a control democrático”. Con esta frase se ilustra la expectativa del autor en relación a la concepción del Estado de Derecho. Una configuración política que pretende sostenerse en una organización racional, con base en leyes y en autonomías de poderes, que esté sometido a un “control democrático”. Este último se relaciona con la participación ciudadana en los asuntos del Estado y es una base fundamental para diferenciar este modelo de una monarquía (como las renegadas por los ilustrados) o las dictaduras (como la que inspira la reflexión del autor citado).

Ergo, las elecciones democráticas, con candidatos que representen a distintos colectivos ciudadanos, es una condición sine qua non del Estado de Derecho. En Bolivia, con la inconstitucionalidad de la candidatura oficialista, la permanente amenaza al principal candidato opositor y la captura gubernamental del árbitro electoral, el escenario de lo público estaría a punto de desvanecerse.

Sobre este concepto, cabe mencionar que su definición está relacionada con los intereses colectivos. Por ello, en un Estado de Derecho, las instituciones públicas son las que administran los recursos nacionales, las políticas públicas -valga la redundancia- y pretenden alcanzar logros para la mejora prioritaria del conjunto social… no así de un líder o de un partido, como es la tendencia en el contexto nacional.

En ese sentido, “el desarrollo de las estructuras normativas es el motor de la evolución social”, donde se encuentran las esferas de “interacción comunicativa”. En estas, los medios de comunicación -y ahora también las redes sociales digitales- juegan un rol fundamental.

Pues en estos espacios de producción informativa, posibilidad de apertura al diálogo y una consecuente participación social, se produce finalmente la “opinión pública”. Una construcción discursiva que representada en distintas voces pueda expresar el parecer de la ciudadanía en torno a asuntos públicos.

Si el ministro de Gobierno pretende procesar a aquellos internautas que emiten su juicio por una supuesta proximidad del aparato gubernamental del MAS con las perversas redes del narcotráfico, a través de una institución estatal (como es la Policía Nacional), la esfera comunicativa y su consecuente opinión pública podrían considerarse perdidas.

En consecuencia, la ciudadanía se vería impedida de actuar libre e informadamente. La acción política, otrora característica de la bolivianidad, acabaría por reducirse a filas de seguidores, que cantan estribillos dictados, sin una condición fundamental para construir lo público: la acción racional. ¿Cederemos la nuestra para dejar que un partido político domine lo público en su totalidad y, en el proceso, a nosotros como ciudadanos…o trataremos de utilizarla para defender lo público?