Opinión

Protesta ciudadana y campaña

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13 de junio de 2019, 4:00 AM
13 de junio de 2019, 4:00 AM

Las protestas callejeras fueron revitalizadas esta semana con una marcha en la que participaron miles de personas, miembros del Consejo Nacional de la Democracia (Conade), de los comités cívicos, de plataformas ciudadanas y de partidos políticos de la oposición. Lo que los unió fue el pedido de renuncia de los vocales del Tribunal Supremo Electoral, porque consideran que no son confiables para llevar adelante los comicios generales de octubre de 2019.

Si bien se evidenció un giro en la demanda central, que antes clamaba por el respeto al voto por el No a la repostulación de Evo Morales y de Álvaro García Linera, tanto de parte del Gobierno como de los poderes Judicial y Electoral, mantiene en su esencia el malestar por la posición asumida por el TSE al permitir la candidatura oficialista, a pesar de lo que manda la Constitución y de la voluntad soberana.

El concepto esencial de rechazo al ejercicio de poder a toda costa es lo que el pedido de renuncia de los vocales y el 21-F tienen en común.

No obstante, es importante reflexionar acerca del ímpetu de las expresiones ciudadanas. Hay que recordar que surgieron sin liderazgos y en una coincidencia de rechazo al fallo del Tribunal Constitucional, que pretende habilitar al binomio oficialista para la reelección. Por eso mismo hay que cuidar al elector, a su voz y a su capacidad de movilización.

El pedido de renuncia de los vocales del TSE ha sido planteado, pero no se explica cuál será la ruta a seguir. Si los vocales deciden hacerse a un lado (lo que es poco probable por lo demostrado hasta el momento), ¿qué método de elección de otros vocales se plantea, sin que esté teñido por el interés oficialista que gobierna en el Ejecutivo, en el Legislativo y en el Judicial? ¿Cívicos y Conade están dispuestos a que se modifique la fecha de los comicios nacionales, en la perspectiva de que haya otros vocales? Son esas y otras preguntas las que aún no tienen una explicación clara, dejando traslucir que probablemente no existe una estrategia bien definida.

Por lo anterior, es importante revitalizar la demanda original de respeto al voto de los bolivianos y de transparencia en la administración de los comicios, pero también hay que saber conducir el malestar ciudadano, pues de lo contrario se corre el riesgo de que las movilizaciones se diluyan. Una estrategia política tiene un objetivo y para alcanzarlo se desarrollan tácticas que deben ir avanzando en ese sentido. Si los pasos no son bien pensados, pueden convertirse en tropezones y en fracasos.

Al respecto, cabe seguir preguntando: ¿será que un paro cívico nacional es la salida? ¿Y después qué? Quizás sea bueno reorientar la demanda, exigir que las acciones del TSE sean permeables a la fiscalización de ex vocales notables que puedan garantizar la transparencia de las elecciones nacionales.

Por su parte, el Tribunal Supremo Electoral debe dar señales claras de confiabilidad. Su indiferencia frente a las protestas solo atiza el fuego de la desconfianza y a eso se suma que quien sale a defender a los vocales es precisamente el Gobierno que quiere legitimar la repostulación de Evo Morales y de Álvaro García Linera.