Que la investigación no se contamine
La investigación del caso Lava Jato y sus huellas en Bolivia demanda limpieza total de parte de quienes la llevan adelante. El caso ha dejado profundas huellas en Brasil, Perú, Argentina y en otros países del continente, por lo que las indagaciones deben mantener asepsia total de intereses político-partidarios en la coyuntura actual.
La comisión legislativa que lleva adelante la indagación está controlada por asambleístas del Movimiento Al Socialismo, porque la mayoría de los opositores anunció que haría una investigación paralela, expresando su desconfianza. Las conclusiones fueron dadas a conocer por la diputada oficialista Susana Rivero, quien incluso antes de que el informe sea enviado al plenario de la Cámara Baja acusó, dio detalles y se adelantó a asegurar que nadie del Gobierno actual está involucrado en la telaraña de corrupción, apuntando, en cambio, contra el precandidato Carlos Mesa.
El caso Lava Jato tiene su origen en Brasil porque son empresas de ese país las que incurrieron en sobornos a políticos de todo el continente. Ahí, en el coloso sudamericano, la investigación fue encarada por la Policía Federal y por la Fiscalía, en acciones que fueron encomiadas porque se mantuvieron al margen de la política. Los resultados son conocidos: decenas de poderosos detenidos por haber sucumbido a las coimas.
En el acápite que habla de Bolivia, la Policía Federal de Brasil menciona correos electrónicos intercambiados entre miembros de la empresa Camargo Correa, quienes hablan de ‘capilés’ (coimas) entregadas a bolivianos entre 2005 y 2007; mencionan iniciales que la comisión ha vinculado con los gobiernos de Carlos Mesa y Eduardo Rodríguez; también declaran que se reunieron con parlamentarios bolivianos en Brasil.
En los documentos obtenidos por los medios, se evidencia que los contratos para la ejecución de carreteras en las que se habría cometido corrupción fueron firmados también por Patricia Ballivián, que era gerenta del Servicio Nacional de Caminos en ese tiempo y que ha ejercido funciones de confianza del Ejecutivo nacional desde entonces y hasta la fecha. No obstante, sobre ella no parecen haber sospechas de parte de la comisión investigadora.
La corrupción es uno de los temas que más inquietan a la ciudadanía. Este caso es muy sensible por el impacto que ha tenido a escala internacional. Por esa razón, sería inadmisible que tenga sesgo político y se lo quiera usar únicamente contra los opositores. Hay que exigir que las pesquisas sean serias y responsables, a pesar de que los asambleístas son mayoritariamente del MAS y que sobre el desempeño del fiscal tampoco hay confianza plena.
Se haría un gran daño al país si es que este asunto es utilizado para favorecer a un partido (MAS) y a su candidato (Evo Morales). La credibilidad en las instituciones, ya minada desde hace tiempo, haría aguas y dejaría profundas heridas abiertas entre el Gobierno y los gobernados.
