Rumbo a la anomia social
Sin querer ingresar en el fatalismo, la objetividad respaldada por los acontecimientos que definen una sociedad nos lleva a sacar obvias conclusiones que hacen tanto a la sociología y política, como a la ciencia jurídica en otras. Así la anomia social surge por ausencia de normas o incapacidad de la estructura estatal para proveer a los individuos de los medios necesarios para alcanzar sus metas. La presión de estas perforadas estructuras genera desviación e inconformismo social al agrandarse la brecha entre valores y principios con la diaria realidad que los va suprimiendo, lo que conlleva a dejar de creer en las instituciones y a constatar la ausencia del Estado de derecho.
El problema radica cuando el ordenamiento jurídico no puede garantizar la regulación social, por citar algunos hechos como: al evidenciar el ciudadano que su sagrada supernorma constitucional es vulnerada porque el presidente quiere reelegirse eternamente estando expresamente prohibido, con la complicidad de un Tribunal Constitucional que debiera ser principal garante de la CPE, genera la inmediata y masiva manifestación en las calles; o cuando al asaltar y delinquir por enésima vez personas que conviven en los canales de drenaje, genera la reacción directa de vecinos que deciden enfrentar a los antisociales quemando las pocas pertenencias que tienen; concluyendo con la falsa expectativa creada por el órgano ejecutivo por las regalías del pozo Incahuasi, donde departamentos como Santa Cruz y Chuquisaca se enfrentan en medidas de hecho con paros y huelgas, ante la posterior e incorrecta valoración del TCP tergiversando la naturaleza de la acción de amparo, generando más caos y discusión donde nunca debió haberla.
Si bien estas reacciones y desvíos sociales no son de hoy, se revelan con más frecuencia ante causas como la deslegitimación del órgano judicial, la desacreditación del TCP máximo contralor constitucional, las estrategias politiqueras y maquiavélicas de autoridades gubernamentales donde más vale desacreditar al contrario que hacer gestión en lo correcto; y/o finalmente la impotencia de instituciones como la Policía Nacional que a falta de políticas estructurales hace lo que puede para evitar la ausencia de orden y seguridad; ello sin contar la inconstitucional aprobación de leyes por el Legislativo, ni las contrataciones directas con ausencia de licitación por el Ejecutivo.
A pesar de la existencia formal de una CPE pro derecho y garantías adecuada a la realidad nacional, su inminente choque con los intereses de la mayoría de los gobernantes hace que la misma se desmaterialice, o se interprete a conveniencia generando falta de credibilidad en los órganos de poder, inseguridad e insatisfacción ciudadana y desinstitucionalización, induciendo en un desvío normativo a actuar con mano propia y medidas de hecho, que puede derivar en un escalada de conflicto con graves consecuencias. La anomia imperante en un sistema jurídico fracturado, genera que las normas dejen de ser aceptadas como obligatorias quedando solo, previa crisis con graves pérdidas, la búsqueda por recomponer el sistema, siendo el caso volver a institucionalizar, materializar el control social reestructurando los objetivos políticos y colocar servidores públicos idóneos que hagan valer el Estado constitucional de derecho.
