Opinión

Secreto bancario y transparencia política

El Deber logo
20 de agosto de 2018, 4:00 AM
20 de agosto de 2018, 4:00 AM

Lo contrario del secreto es lo público, lo transparente. Un político es creíble cuando su gestión es cristalina como el agua potable. En cambio, su accionar es sospechoso cuando actúa a las escondidas, en las oscuranas y cuando se blinda para evitar la interpelación ciudadana. Uno de los costos que se asumen al ocupar un cargo público es que la vida privada, incluso íntima, está expuesta en cualquier momento al escrutinio de la gente, que tiene el derecho a saber si la autoridad a la que entregó su confianza camina por la línea correcta y no se desvía.

La rendición de cuentas de los funcionarios públicos es la base de la confianza ciudadana. Exponer constantemente cómo se manejan los recursos públicos debe ser una práctica normal. Si lo hacen los privados en sus empresas, en las instituciones gubernamentales y municipales es más que una obligación. También es una obligación de los funcionarios transparentar el patrimonio que tienen cuando entran a un cargo y cuando salen de él, sobre todo considerando que hay un lamentable descrédito de la política que ha servido en Bolivia y en muchos países, como espacio de enriquecimiento ilícito y rápido. Son muy sonados los escándalos de Lava Jato, de Odebrecht, en Brasil y otras naciones, y el de los ‘cuadernos de las coimas’, durante el régimen kirchnerista en Argentina.

En ese contexto, hace unos días el presidente y el vicepresidente del Estado han solicitado voluntariamente el levantamiento del secreto de sus cuentas bancarias, cumpliendo así lo que establece uno de los artículos de la Ley de Lucha contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas “Marcelo Quiroga Santa Cruz”. Es decir, lo han hecho poco más de ocho años después de la promulgación de esa norma, en marzo de 2010. Con un fallo técnico en el registro, que produjo la detención de un funcionario, hemos conocido cuánto tienen en la banca Evo Morales y Álvaro García Linera. Ambos estados de cuentas complementan la declaración jurada de sus bienes patrimoniales.

Es un paso bueno y necesario para la transparencia, pero las cifras dicen poco en relación a si no hubo conducta sospechosa en el tiempo que llevan en el poder.

Se ha sabido que casi al mismo tiempo que las dos principales autoridades del país, otras 17 solicitaron que se les levante el secreto bancario. Uno de los que lo hizo primero fue el alcalde Luis Revilla, de La Paz. En la lista hay ministros y dos diputados, uno de la oposición. Es necesario que todos los demás sigan la corriente, por más que el resultado final de este acto en la lucha contra la corrupción sea simbólico y escaso, ya que generalmente las coimas y el enriquecimiento ilícito de los funcionarios no usan la banca ni los canales formales de la economía.

Un canal más efectivo es la investigación de fortunas por parte de las instituciones judiciales y de control, que han tenido estos años un rol menos contundente de lo esperado.

 

Tags