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9 de diciembre de 2018, 4:00 AM
9 de diciembre de 2018, 4:00 AM

El sentido común rige en el convivir básico de los estamentos en una sociedad, dando sensación de conformidad en base a la lógica y razonabilidad de sus acciones. Hoy adquiere mayor relevancia al haber quedado relegado el análisis de normas justas y coherentes, cuando ni siquiera existe el sentido común previo en las decisiones gubernamentales.

Ejemplo claro resultan las elecciones primarias que devienen de una ley “sin motivo”; y no es que la implementación de elecciones primarias intrapartidos resulte inoficiosa en sí, cuando por el contrario y en teoría resultaría justa al crearse nuevos liderazgos reforzando el sentido de pluralidad y democracia.

No obstante, constatamos que es la realidad social de cada país la que determina la necesidad de aplicar estos mecanismos, visualizando que Bolivia más bien se caracteriza por tener jefes políticos predeterminados y estructuras internas verticales, ante lo cual ¿qué sentido tenía la implementación de elecciones primarias, si no existían organizaciones que las demanden?

Ante ello, se presentaron nueve organizaciones políticas al Órgano Electoral, cada una con un solo binomio, con lo que se comprueba que no existe competencia interna, la razón fundamental de unas elecciones primarias. La situación tiene su origen en que el partido de gobierno, fiel a sus estrategias de poder utilizando a placer los órganos estatales, ordena al legislativo aprobar una ley para llevar a cabo unas elecciones primarias innecesarias con la nefasta intención de legitimar a su único binomio impedido constitucionalmente de postular a las generales de 2019, siendo tanto el descaro que ni siquiera cuidan que exista la participación de nuevos liderazgos que disputen por lo menos de manera formal las postulaciones a presidente y ‘vice’; entonces ¿qué sentido tienen estas elecciones cuando existe una sola opción?

Y es que tanto la producción de normas, como la implementación de mecanismos de democracia directa, exigen justificación formal y material, comprobándose en este caso que no existe necesidad social ni política de implementar elecciones primarias, careciendo por tanto de justificación jurídica la Ley N.º 1096, que deviene de un capricho político del MAS, por lo que ¡confirmada la falta total de competencia interna, con resultados; un padrón cuestionado con más de 30.000 falsificaciones; la reciente renuncia de vocales y funcionarios claves del OEP por presión política; y la dilapidación innecesaria de millones de Bs, sin un ápice de sentido común, la presidenta del OEP desoye al 90% de los candidatos, dice que “las elecciones van porque tienen un mandato legal”; sí, claro que van, con el mandato de una ley sin sentido y el irrazonable seudofundamento de “proclamar” a los únicos candidatos de cada partido complaciendo los deseos del partido de gobierno.

Ya no es extraño el cinismo en la utilización de órganos de poder público y producción de normas sin justificación, por citar entre muchos que: el legislativo emite una ley para un referéndum a fin de que se beneficien y puedan reelegirse dos personas (Bs 150 millones de gasto); el TCP sentencia contra la Constitución, que no existe límites para reelección de autoridades; el OEP quiere llevar adelante elecciones primarias con un solo binomio por partido; y para colmo, en la habilitación de candidatos solo observarán los requisitos de los Arts. 234, 236 y 239 de la CPE, obviando descaradamente el fundamental Art. 168 a la hora de habilitar candidatos; confirmando que la intención en las acciones de las autoridades de estos órganos carece de razón y justificación; siendo ya “la lógica y el sentido común, el menos común de sus sentidos”.

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