Sombras le quitan brillo a los Juegos Odesur

El país se va enterando con cuentagotas de procedimientos dudosos en las contrataciones de bienes y servicios para la organización de los Juegos Odesur, que se realizarán en Cochabamba entre el 26 de mayo y el 10 de junio. Lejos de haber transparencia, las acciones realizadas dejan muchas sombras y no se evidencia intención de las autoridades para aclarar ni mostrar que lo hecho hasta aquí es diáfano.

La contratación de la empresa de propiedad del exministro de Culturas ha sido solamente la punta de un ovillo que sigue desmadejándose.

Kronopios fue creada por Pablo Groux en 2015 y se adjudicó un contrato por 11 millones de bolivianos por invitación directa, a pesar de que en su propuesta no acredita la experiencia suficiente como para organizar eventos como la inauguración y clausura de los juegos. No solo eso, en la gestión pasada, la firma tuvo utilidades por 18.000 dólares y este año dio un salto largo porque ya cobró siete de los 11 millones que se adjudicó.

En el proceso hubo explicaciones contradictorias. Por ejemplo, el ministro de Deportes habló de que hubo más de 30 empresas proponentes, mientras que una de las invitadas señala que solo eran dos. Se conoció que Groux tenía listo su proyecto un año antes de que se lance la convocatoria. Y también que fue el presidente en persona, junto con otros personeros, quien evaluó las propuestas.

Más adelante, se supo que la empresa contratada para la ceremonia del encendido de antorcha de los Juegos Odesur es Arte Bolivia (la empresa que compitió con Kronopios), pero una investigación reveló que tiene sus oficinas precintadas por un proceso laboral por deudas con sus trabajadores. ¿Cómo es que el Estado no investigó esta situación? Es otra de las dudas sin respuesta.

Las denuncias también señalan que 201 contrataciones hechas por el comité organizador de los juegos han sido mediante invitación directa, en varios casos con una sola empresa proponente y por un valor de Bs 119 millones.

Frente a estas denuncias de algunas personas de la oposición y otras indagadas por los medios de comunicación, el Gobierno ha conformado una comisión compuesta por personeros de los ministerios de Trabajo y de Justicia y Transparencia Institucional para indagar los contratos, aunque no se habla de plazos, con lo que se despierta el temor de que el tema sea dilatado para diluirlo. Por lo demás, las respuestas de los responsables de llevar adelante esta organización han sido evasivas o, cuando menos, contradictorias. Una de ellas, bastante recurrente en miembros del Ejecutivo y del MAS, se refiere a que son “ataques políticos que buscan empañar ese importante evento”.

Independientemente de dónde provengan las dudas, urge que el Gobierno se esfuerce en mostrar transparencia. Por otro lado, y dado que los decretos que autorizan contrataciones directas, en lugar de licitaciones, dejan tanta sospecha, lo correcto debería ser que el Ejecutivo formalice los procedimientos y los someta a rigurosos controles antes y después de sellarse los acuerdos, máxime si están en juego sumas millonarias.

Finalmente, quienes ocupan cargos públicos y manejan altos presupuestos deben dejar de creer que el dinero que administran puede ser usado a discreción. Que no se olvide que una de las razones para el castigo social y moral al PT en Brasil tiene raíces en el momento en que se empezó a descubrir corrupción en las obras para la organización de las Olimpiadas y el Mundial.