Tarea urgente para el Estado
Hay 1.047 kilómetros de frontera entre Perú y Bolivia y ese espacio se ha convertido en una zona caliente y peligrosa por donde se trafica con droga, con seres humanos e incluso con gas licuado de petróleo, que se produce y subvenciona en nuestro país y que se vende a un precio cinco veces más caro en la vecina nación.
Desde hace mucho tiempo, el ministro de Gobierno y la Policía sostienen que Bolivia es un país de tránsito de droga, ingresa cocaína de Perú, se refina en Bolivia y termina vendiéndose a otras naciones de este y de otros continentes. Con eso, se evita afirmar que nuestro país es productor de estupefacientes. Si las autoridades lo afirman, se puede suponer que lo saben y por eso llama tanto la atención que meter paquetes del alcaloide por la frontera peruano-boliviana sea una tarea poco complicada, al extremo de que se lo hace en mochilas al hombro y también en grandes camiones, tal como lo cuentan policías y detenidos por narcotráfico en la zona.
También es conocido, porque reportajes periodísticos lo denunciaron en más de una ocasión, que hay jóvenes bolivianas que son llevadas a la fuerza a las minas peruanas, como La Rinconada, a 5.000 metros de altura sobre el nivel del mar, para explotarlas sexualmente. Un informe del suplemento Séptimo Día (domingo, 24 de junio) da cuenta de que en lo que va de 2018 se han registrado 285 denuncias de trata y tráfico en la Policía de Puno (Perú) y que gran parte de ellas corresponde a gente boliviana que ingresó por la misma frontera porosa.
El periodista del informe fue testigo de cómo camiones, precedidos por vehículos que vigilan la ausencia de control aduanero, cargan recipientes con gas licuado de petróleo y otros productos que se comercializan libremente en la ciudad peruana de Juliaca. Incluso, se ha evidenciado que las garrafas que contienen el carburante tienen el sello de YPFB, a pesar de que está prohibida la venta de productos que son subvencionados en Bolivia. Lo concreto es que, si el envase lleno cuesta Bs 22 en nuestro país, en Perú se vende en Bs 100.
El recientemente nombrado viceministro de Lucha contra el Contrabando afirma que el Estado reforzará el control en la frontera con Perú, una vez que hayan sentado presencia en la zona limítrofe con Chile. Mientras tanto, la Aduana Nacional, a través de su presidenta, admite que el personal de esta institución se queda en los puntos de control (escasos para una frontera tan grande), porque confía en que el Ejército hará lo suyo en las rutas del contrabando. A su vez, el director de la Agencia Nacional de Hidrocarburos sabe que se venden combustibles subvencionados en el mercado peruano porque el precio en territorio nacional es atractivo para los traficantes.
En suma, se sabe cuál es el problema. Están claros los diagnósticos, lo que no está claro es qué hará el Estado para que la frontera con el vecino país de Perú deje de ser espacio empleado por los delincuentes para traficar droga, seres humanos e hidrocarburos. Esa es una bomba de tiempo que será difícil de erradicar si no se actúa pronto y con energía.
