Urgen acciones contra la trata de personas
Silvia Machado Lizárraga tenía 18 años cuando fue encontrada muerta en un basural de Oruro. La joven salió de su casa por necesidad, para buscar recursos económicos que le permitan darle calidad de vida a su pequeña hija. La desesperación la hizo aceptar propuestas inciertas de trabajo y terminó sin vida y con la dignidad rota, muy lejos de casa, sin nadie que la proteja.
Esa realidad se repite en Bolivia, país que tiene un alto índice de víctimas por trata y tráfico. Según registros oficiales del Ministerio de Justicia, en 2016 hubo más de 700 denuncias de personas desaparecidas. De acuerdo con información de la Oficina de Naciones Unidas contra el Crimen y las Drogas (Onudc), en 2017 la forma más frecuente de tráfico de seres humanos en este país tenía como fin el trabajo forzado (89 casos); seguida de explotación sexual (54 casos) y adopción ilegal (18 casos).
Silvia Machado es uno de los rostros, una hija y madre desaparecida. Hay una asociación de 30 familias, conformada en 2016, que busca sin resultados a sus seres queridos. Ellos han convertido su dolor en una lucha permanente para que las denuncias por desaparición de personas sean tomadas en serio en la Policía, que al conocer los casos se activen las búsquedas a través de las cámaras de seguridad, a fin de saber a quién contactaron o con quién se fueron; que haya calidez en la atención de las denuncias y que se deje de juzgar a quien sobrevive de una situación así.
La Ley contra la Trata y Tráfico de Personas plantea la conformación de consejos nacionales y departamentales, habla de presupuestos estatales para financiar acciones de prevención; pero nada logra frenar el problema, lo que puede sugerir que hay una distancia entre los enunciados y los reales esfuerzos por disminuir los dramáticos índices ya señalados.
La ley señala 14 fines de la trata y tráfico: venta de la persona; venta de sus órganos o fluidos; esclavitud, explotación laboral, servidumbre, explotación sexual comercial, embarazo forzado, turismo sexual, mendicidad, guarda o adopción, matrimonio servil, reclutamiento para conflictos armados o sectas, empleo en actividades delictivas o realización ilícita de experimentos biomédicos. Cada enunciado puede parecer parte de una historia terrorífica de ficción, pero si existen es porque hay esas prácticas en nuestro país y demandan que se las enfrente de manera drástica y sin contemplaciones.
Con la investigación sobre la muerte de Silvia Machado y otros casos queda en evidencia que hay mafias que se dedican a la trata y tráfico de personas y que las mismas están vinculadas a otros grupos criminales vinculados al narcotráfico y al proxenetismo. También se ha sabido que uno de los espacios donde captan a las víctimas son las redes sociales y que utilizan mensajes seductores con el fin de engañar y lograr el objetivo.
El Estado debe priorizar la educación contra la violencia y contra la trata de personas en el sistema escolar nacional. Ya no se puede seguir mirando de palco una realidad dramática que golpea a seres humanos, sobre todo mujeres y niños, condenándolos a pesadillas que, en muchos casos, son la recta final de su existencia.
Este 30 de julio es el Día Mundial contra la Trata y Tráfico de Personas, que sea una jornada para determinar acciones concretas, con presupuestos sólidos que demuestren una voluntad real de acabar con este problema nacional.
