Exautoridades deben $us 3 millones por violar DDHH
En ocho sentencias ante la Corte-IDH el Estado pagó $us 3 millones a las víctimas por vulnerar sus derechos humanos.
Las autoridades, exautoridades y servidores y exservidores públicos bolivianos que sean responsables de la violación de derechos humanos por los que el Estado tuvo que indemnizar a las víctimas, deberán devolver al Estado el monto de la reparación. Hasta la fecha la medida se aplica en ocho casos que se ventilaron en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) y que suman tres millones de dólares.
Esta acción se impulsa desde la Procuraduría General del Estado que con un Decreto Supremo, 5083, y un proyecto de ley busca recuperar todo el dinero que pagó el Estado por resarcimiento de daños y violación a derechos humanos en juicios que se ventilaron ante la Corte-IDH.
El procurador César Siles informó que ya se envió a la Cámara de Diputados un proyecto de ley de “acción de repetición” que aplica “contra autoridades, exautoridades, servidores públicos o exservidores públicos responsables de la acción u omisión que provocó la reparación patrimonial de daños y perjuicios en el marco del Sistema Interamericano de derechos Humanos”.
Una vez que el Estado realice el pago de indemnización, inmediatamente el Estado iniciará el proceso de acción de repetición contra las autoridades o exautoridades responsables de esa violación de derechos humanos.
“En muchos casos son de la dictadura, en muchos casos son por desapariciones forzadas, por torturas y hay otros casos que todavía están en curso, todavía no tenemos sentencia”, explicó Siles.
Entre las ocho sentencias de la Corte -IDH que tuvo que indemnizar el Estado están: Trujillo Oroza versus Bolivia; Ticona Estrada versus Bolivia; Ipsen Cárdenas, Ipsen Peña versus Bolivia; Familia Pacheco Tineo versus Bolivia, Caso IB versus Bolivia, Caso Andrade Salmón versus Bolivia, Flores Bedregal y otras versus Bolivia y Valencia Campos versus Bolivia.
Todos estos casos suman los tres millones de dólares a los que hace referencia Siles.
En ese marco, previo a este proyecto de ley, el presidente Luis Arce aprobó el Decreto Supremo 5083, de 13 de diciembre de 2023, que regula el cumplimiento de los pagos establecidos en las sentencias que emita la Corte-IDH, pero también pone en vigencia la “acción de repetición” mediante la cual el Estado procesará a exautoridades que violaron los derechos humanos de las personas cuyas denuncias llegaron hasta la Corte-IDH que emitió sentencias con resarcimiento de daños.
El artículo 4 de dicha norma dice: “La Procuraduría General del Estado realizará las acciones legales pertinentes contra quienes resultaren responsables de los actos o hechos, a objeto de repetir los pagos efectuados por el Estado para el cumplimiento de las Sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En la acción de repetición, no se considerará los montos restituidos al TGN”.
En ese marco, la Procuraduría envió a la Cámara de Diputados el “Proyecto de ley de acción de repetición” para su tratamiento y aprobación como ley. El procurador Siles pidió al presidente de Diputados Israel Huaytari que acelere su tratamiento.
