Apuntan al hacinamiento y piden procesar a culpables
La oposición señala que el Gobierno ha demostrado que no tiene capacidad y propone una especie de privatización. El Ejecutivo anuncia un penal para 10.000 presos
Tras una nueva matanza en Palmasola, la oposición exige que la Fiscalía investigue y procese a dos ministros, y propone una especie de privatización en la administración del penal, mientras que el Gobierno apunta al sistema judicial que tiene a la cárcel cruceña llena de detenidos preventivos, lo que genera un hacinamiento insostenible, y asegura que la construcción de una nueva cárcel debe aliviar el problema.
El ministro de Defensa, Javier Zabaleta, señaló que “el operativo se enmarcó dentro de las atribuciones de la Policía y del Ministerio de Gobierno, de intervenir cuando hay una situación ilegal dentro de un recinto penitenciario, como era el tráfico de diferentes sustancias, la presencia de armas de fuego y un control interno por parte de algunos reos sobre otros”.
La Iglesia católica también tiene su palabra. El arzobispo de Sucre, Jesús Juárez, dijo que la Iglesia advirtió sobre el peligro al interior de las cárceles de Bolivia, por el hacinamiento y la pelea de poderes de grupos mafiosos que operan desde los reclusorios.
“Con frecuencia la Iglesia ha denunciado la inseguridad que hay en las cárceles, el hacinamiento y sobre todo la presencia de grupos mafiosos que por rivalidad, riñas y enfrentamientos causan estas situaciones dolorosas”, señaló.
Juárez pidió al Ministerio Público esclarecer los hechos.
El viceministro de Régimen Interior, José Luis Quiroga, fue más a fondo y aseveró que la lucha más importante que se debe encarar es contra el hacinamiento. La autoridad reveló que la mayor cantidad de detenidos en ese recinto no tienen sentencia.
Actualmente, hay 3.098 varones y 315 mujeres en esa cárcel que están con detención preventiva, mientras que 2.266 varones y apenas 70 mujeres tienen sentencia ejecutoriada.
Quiroga está convencido de que es necesaria una reforma en el sistema penal, para liberar la carga de personas que son sometidas a procesos muy largos que no alcanzan resolución.
Sin embargo, reportó también que “se ha previsto como parte de una política penitenciaria la construcción de tres megacentros penitenciarios en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz”.
Dentro de Palmasola, específicamente en el PC-4, que cuenta con 5.000 internos, la autoridad admitió días antes que no se ejercía control, más allá del periférico, y que por dentro el control era de los presos.
Anunció que la nueva cárcel de Palmasola tendrá una capacidad de 10.000 reos y que el monto programado de preinversión es de dos millones de bolivianos, y la construcción está valuada en unos $us 70 millones. Cree que con esa infraestructura todo mejorará.
La oposición, a través del diputado Tomás Monasterio, aseveró primero que Bolivia es el único país en el que se generan muertes con responsabilidad gubernamental y nadie hace nada.
Apuntó a los ministros de Gobierno, Carlos Romero, y al de Justicia, Héctor Arce, como los responsables de este hecho. “Convocaremos a que el fiscal general rinda un informe en el Legislativo, y si nos dice que no inició una investigación contra ellos, tendremos que procesarlo por incumplimiento de deberes”.
Para él, El Gobierno ha demostrado que no es capaz de controlar la seguridad en las cárceles. Propone que se contrate a empresas internacionales que se encargan de proveer este servicio. Es decir, privatizar la vigilancia de las cárceles del país.
Para saber
La realidad en el país
En 61 recintos penitenciarios del país hay 18.041 privados de libertad. Mientras que en 19 recintos urbanos existe un total de 15.459 reos.
Santa Cruz
De ese total, en Santa Cruz se encuentran 6.718 privados de libertad, lo que representa el 37,24% a escala nacional.
Más datos
En el departamento de Santa Cruz hay 6.294 varones y 424 mujeres. Solamente en el sector de población del penal de Palmasola, conocido como PC-4, hay más de 5.000 internos.
