Gobierno y Fiscalía van por cívicos y plataformas por quema al TED

El Gobierno y la Policía Boliviana abrieron una investigación a dirigentes cívicos de Santa Cruz y activistas de plataformas ciudadanas, informó el viceministro de Régimen Interior, José Luis Quiroga. Ayer, se realizó el juicio abreviado del activista Gabriel Ángel Justiniano Castro, que se declaró culpable de tres delitos, fue condenado a tres años de cárcel, pero saldrá libre tras formalizar el trámite de suspensión condicional de la pena.

Se conoció también que dirigentes de la Federación Universitaria Local (FUL), apuntaron a plataformas afines al Movimiento Demócrata Social, como responsables de la convocatoria a la marcha que derivó en destrozos del Tribunal Electoral Departamental (TED). Apuntaron también al secretario de Gobierno de la Gobernación, Vladimir Peña, y a la asambleísta departamental, Katia Quiroga, como ‘financiadores’ de estos grupos. La sindicación está en la imputación formal de la Fiscalía contra Justiniano.

Según Quiroga, la investigación se extendió a dirigentes del Comité pro Santa Cruz y a activistas de plataformas, a la vez que descartó que hubieran ‘infiltrados’ del Movimiento Al Socialismo (MAS).

“Se investigará al Comité Cívico y a plataformas ciudadanas. Tenemos mucha información que será clave y que es sometida a peritajes técnicos que van a salir de audios de celulares”, remarcó Quiroga.

Esta declaración, contradice a lo que señaló a EL DEBER el ministro de Gobierno, Carlos Romero, de que los delitos son personales y relativizó la “militancia u otros vínculos”.

Por su parte, de acuerdo a un informe policial, a base de declaraciones que dieron dirigentes de la FUL, las plataformas Resistencia Universitaria y Democracia y Juventud, ‘a cargo’ del dirigente universitario, Yerko Áñez, aliado en la campaña electoral de Demócratas, son responsables de la convocatoria a la marcha de la anterior semana.

Aludidos ven persecución

El dirigente cívico Luis Camacho lamentó que la Policía sea “servil” a los intereses del Gobierno de Evo Morales y señaló que las investigaciones las deben realizar para verificar la presencia de infiltrados en los movimientos ciudadanos. En su informe, Quiroga dijo que las mentiras se van cayendo una por una. “Nosotros hemos sido muy cautos, hemos pedido que la investigación vaya avanzando a través del Ministerio Público y la Policía”, argumentó.

A su vez, el universitario y parte de la plataforma Bolivia dice No, Yerko Áñez, calificó de ‘irresponsable’ las declaraciones de los dirigentes de la FUL, que sin tener pruebas lanzaron acusaciones. “Si apoyan al 21F que no sean funcionales al MAS, ayudándoles a perseguir a los líderes. (...)”, dijo.

Por su parte, Vladimir Peña, señaló que de ser cierta esta documentación que difundieron en redes algunas plataformas, entonces significa que se busca deslegitimar a una causa ciudadana, que exige el respeto al voto y la democracia. Dijo que su partido no convocó ni asistió a la marcha, y descartó que se conviertan en “parte de hechos vandálicos”.

EL DEBER consultó a fuentes cercanas a la Fiscalía, y corroboró que el informe se extrajo de los antecedentes presentados en la imputación formal y provisional del Ministerio Pública en el juicio abreviado del activista Justiniano, quien fue procesado por asociación delictuosa, destrozos y daño público. Se intentó contactar a los dirigentes de la FUL, pero hasta el cierre de edición no atendieron.

No irá a Palmasola

El activista Justiniano, fue sentenciado a tres años de cárcel por la jueza Ximena Flores. Sin embargo, la defensa logró que el acusado no vaya a la prisión, porque accedió a la suspensión condicional. Por el momento, sigue en celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc).

El viceministro Quiroga añadió que se busca a Marcelo Subirana Coímbra, quien está prófugo desde el día del incendio de las instalaciones del ente electoral. “Según los reportes de Migración, el prófugo no habría salido por la vía legal del país, por lo que se presume que permanece en alguna población del interior”, dijo.

El hermano del prófugo, Fernando Subirana Coímbra, concejal del municipio de La Guardia, informó que su familia desconoce el paradero de Marcelo y expresó su preocupación por la situación del activista buscado por la institución policial.

“No sabemos nada de él, estamos preocupados porque no sabemos si está comiendo, si tiene vestimenta. Somos cuatro hermanos y Marcelo es el menor, tiene 23 años. Mi hermanos salió a protestar y lo involucran con delitos y el único que comete delitos es nuestro presidente (Evo Morales) que no respeta la ley”, remarcó Subirana.