Tras conocer las historias y los casos de personas que se mantuvieron días, meses y años dentro del penal de Palmasola pese a que sus condenadas ya habían sido cumplidas y pese a que sus sentencias les permitían optar por el perdón judicial o la suspensión condicional de la pena, las autoridades que trabajan con los privados de libertad acordaron, el viernes, que desde mañana los juzgadores viajarán desde el Palacio de Justicia (en el primer anillo) hasta el reclusorio más grande del país (en el séptimo anillo) para resolver problemas que se convirtieron en ilegalidades, como sucedió con el caso de José Alonzo.

El gobernador del penal, Javier Lora, fue quien hizo conocer la determinación asumida por los administradores de justicia, decisión a la que se llegó luego de una reunión llevada adelante el viernes en el despacho del presidente del Tribunal Departamental de Justicia, Zenón Rodríguez, que junto con otros juzgadores participó del encuentro.

A la cita, Lora llegó munido de información jurídica que viene trabajando la Clínica Jurídica, que es dirigida desde la cárcel por el extitular de la justicia cruceña Ariel Rocha, quien guarda detención preventiva involucrado en el caso de Jacob Ostreicher, prófugo de las leyes bolivianas. Los documentos que las autoridades penitenciarias manejan muestran que hay casos donde el tiempo ha dejado en el olvido los procesos de gente que lleva hasta más de una decena de años sin recibir condena por el delito que los llevó al penal o que teniendo sentencia ya cumplida no salen del centro simplemente porque la burocracia jurídica y la carga procesal de los juzgados les impuso una segundo condena, pero esta vez en el olvido. 

El ministro de Justicia, Héctor Arce, dijo, durante una visita a EL DEBER, que considera estas situaciones como “una injusticia terrible” y califica de inadmisible estas situaciones, por lo que afirmó que en coordinación con el Consejo de la Magistratura se pidió la liberación inmediata de aquellas personas cuyas penas ya fueron cumplidas y no corresponde que sigan en una cárcel.   

“Sobre el tema de fondo, estamos trabajando en el Gobierno para construir una reforma en la justicia en base a los resultados de la cumbre”, aseguró Arce.

Por su parte, el representante nacional de la Defensoría del Pueblo, David Tezanos, lamentó que casos como el de José Alonzo aún sigan ocurriendo en las cárceles del país y añadió que desde la institución que dirige se están analizando casos similares que se registren en el resto de los penales del país, ya que, indicó, busca un proceso que sirva de ejemplo para presentar acciones legales en contra de quienes permitieron esta flagrante vulneración a los derechos humanos de una persona.

“Estamos haciendo el relevamiento de varios casos y a partir de generar jurisprudencia en uno, buscaríamos el mismo criterio vinculante para otros similares para conseguir la reparación”, agregó Tezanos.