Justifican recortes para atender mercados y transporte

“Sí, es un giro, no vamos a mentir si se está haciendo una reestructuración es para dar un giro”, dice Sandra Velarde, secretaria de Administración y Finanzas de la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra. “La Secretaría de Movilidad Urbana se queda como secretaría, que es el puntal de nuestra gestión en este momento. Antes era la secretaría de Abastecimiento, pero la hemos ido acoplando a otras”, agrega. Tras una semana turbulenta en la que la administración municipal despidió entre 300 y 450 personas, Sandra Velarde trata de ponerle paños fríos al asunto. Asegura -repite en realidad- que no hay crisis ni iliquidez, que todo se debe a una especie de golpe de timón, a reacondicionar un barco preparado para trasladar a gremialistas a nuevos mercados a uno que tratará de reordenar el tráfico vehicular aplicando un plan de movilidad urbana que aún está en elaboración.

Las reacciones al anuncio son diversas: Johnny Fernández (UCS), que duda de la pertinencia de poner todos los huevos en la canasta de reordenamiento del transporte público, porque cree que aún la ciudad no está preparada. Está la visión de Tito Sanjinés (MAS) que cree que en realidad ahora se están solucionando problemas de gestión provocados por el cuoteo y está la visión más ciudadana de José Antonio Prado, que cree que el reacomodo busca el rumbo de las elecciones de 2020.

¿Cuál crisis?

El personal no fue lo único que movió la Alcaldía en los últimos meses. A mediados de junio, el Concejo Municipal recibió la notificación de la modificación de varias partidas presupuestarias por más de Bs 97 millones, un monto poco significativo para un municipio cuyo presupuesto supera los Bs 3.700 millones. Sin embargo, la Ley Municipal 873 muestra un patrón: se recortan obras para pagar el mantenimiento de infraestructura ya existente. Se trata del recorte de nuevas edificaciones -no hay un listado específico, solo un código presupuestario- de entre Bs 1 millón y 7 millones, para pagar reparaciones bienes existentes y expropiar terrenos por Bs 38 millones. En total, entre reparaciones y compra de terrenos suman poco más de Bs 97 millones.

Según explica Velarde, esto debió modificarse porque las lluvias de enero desnudaron la necesidad de mantenimiento en canales de drenaje de toda la ciudad y para expropiar 200 hectáreas para el nuevo vertedero municipal. A diferencia de los años anteriores, las expropiaciones ya no están dirigidas a la construcción de nuevos mercados, sino a consolidar el traslado del entierro sanitario, que debe cerrarse en Normandía hasta mediados de 2019, tras ser prorrogado por última vez por la Gobernación.

A eso se suma un rumor que comenzó a volverse noticia en la Cámara de la Construcción de Santa Cruz: hay empresas en problemas financieros por falta de pago de entidades públicas y el municipio cruceño estaba en la lista de deudores. “El tema de las deudas de las alcaldías, gobernaciones y otras instituciones estatales llegan a casi un año y medio
y eso en la liquidez de nuestras empresas es mortal”, dijo Javier Arze, gerente de Cadecocruz. “En el caso de la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra, logró llegar a un acuerdo con las empresas y ha ido pagando poco a poco”, añadió.

Velarde asegura que esto no es una crisis ni iliquidez, sino que costó arrancar con la gestión 2018. Explica que se migró de sistema de gestión estatal y que su implantación duró dos meses. Por eso recién comenzaron a salir los pagos en abril. Eso sí, admite que en la gestión 2017 se recaudó un 20% menos de lo previsto y que tampoco las transferencias del nivel central del Estado llegaron a lo comprometido a inicio de gestión. Niega que eso haya generado un déficit, ya que la ejecución presupuestaria tampoco llegó al 100%.

¿Dónde está la plata?

Cuando se le pregunta a Velarde cuál es la obra estrella que están construyendo en este momento, ella responde con otra pregunta, “¿Además de las que ya hemos terminado?”. El perfil de la gestión, de edificadora de mercados, cambódromos y pasos a desnivel ha cambiado. “Lo que hay que entender es que toda gran obra necesita implantación”, dice. Una revisión a la página del Sistema de Contrataciones Estatales (Sicoes), donde se anuncian las licitaciones y compras de todas las entidades públicas, reveló que el viernes el municipio más grande del país solo tenía cinco solicitudes, cuatro compras de servicio (supervisión de obras complementarias para el mercado mayorista, confección de uniformes, una refacción de infraestructura y el fumigado contra turiros y sepes) y una licitación (compra de toners y tinta). En lo que va del año, se han registrado 536 procesos de contratación del municipio del Sicoes. Solo 12 son obras (2,23%) y solo tres de estos son licitación pública, es decir, superan el millón de bolivianos, obras complementarias para el Abasto (Bs 1,69 millones) y mejoras en la calle 6 de Agosto de Los Pozos, por Bs 3,9 millones. El último es la licitación para el mantenimiento de parques urbanos, por Bs 8,3 millones.

A Velarde se le complica saber cuánto ha costado la toma casi militar de los mercados Los Pozos, La Ramada y Abasto para evitar que los ambulantes se vuelvan a asentar. La secretaria señala que es una pregunta difícil de responder, porque está dividido en muchos ítems en distintas secretarías. Asegura que el resto de la gestión (construcción de módulos educativos, pavimento y servicios) no se ha detenido, que debe funcionar casi en automático, pero que el énfasis estará en la recuperación de espacio público con el traslado de mercados y en la movilidad urbana, proyecto que será presentado antes de fin de año y cuyo impacto se verá a en el presupuesto de 2019.

Para el activista José Antonio Prado, la reestructuración no busca solucionar problemas sino ganar elecciones a como dé lugar, sin importar que los problemas se agraven cada día. “El verdadero objetivo que parece estarse encarando es la elección de la señora Sosa como alcaldesa en 2019: toda la gestión municipal ha sido “secuestrada” para alcanzar esa meta”, dijo.

Por su parte, Johnny Fernández cree que es mejor invertir en salud que en movilidad urbana. Con su equipo calculó que se deben modificar más de 36 intersecciones de la ciudad antes de aplicar un modelo de buses grandes. Considera que se debe ser más creativo con los recortes, no solo de personal, sino de gastos como eventos, viajes, viáticos, alquileres y otros.

Mientras Prado teme que el plan de movilidad urbana quede en la implantación de un par de líneas de transporte en buses grandes, el concejal Sanjinés ve que en el fondo hay una crisis entre aliados políticos. “UCS y Santa Cruz Para Todos han hecho entrar hasta a los que no son profesionales. Ahora Auditoría Interna y la Contraloría están detrás de eso. Los empleados que están haciendo las manifestaciones no son del MAS, sino de ellos mismos”, aseguró.

Velarde, por su parte, asegura que todo se ha hecho para tener una Alcaldía más eficiente, para optimizar los recursos humanos.