La disputa por los fondos de Inchausi ralentizó la gestión, pero con los proyectos devengados y transferencias, aseguran que más de 400 millones llegaron al ítem obras

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14 de enero de 2019, 5:00 AM
14 de enero de 2019, 5:00 AM

Fue un año lento para licitar y muy agitado en el campo político. La disputa de límites entre Santa Cruz y Chuquisaca que congeló las regalías del megacampo Incahuasi hizo que la Gobernación retrase sus licitaciones y contrataciones de obras hasta el 1 de junio y, hasta el 31 de diciembre, logró adjudicar Bs 165 millones en nuevas obras. Eso equivale al 7,7% de su presupuesto inicial, que el año pasado era de 2.137 millones, pero sus secretarios y asesores aseguran que, con los pagos de obras devengadas y las transferencias a otras entidades públicas, la inversión en ‘cemento’ superó los Bs 400 millones y se ubicó entre un 20 y 25% de los recursos que dispusieron. Esto no quita que tanto la oposición política directa de la Asamblea Legislativa Departamental, como la municipal expresada en Amdecruz, critique la forma y los tiempos del gobierno departamental de Santa Cruz para definir sus prioridades.

“Fue un año anormal. Durante los primeros seis meses sufrimos un congelamiento de cuentas, que nos limitó en nuestra ejecución, ingresos y en nuestro accionar. Se llevó adelante una planificación, aguardando una solución y coordinando con las empresas”, dice Roly Aguilera, secretario general de la Gobernación. Una vez terminó el juicio por los límites contra Chuquisaca y fueron liberados los fondos congelados, comenzaron a licitar obras, muchas de las cuales se construirán en 2019.

Eso se ve con claridad en el Sistema de Contrataciones Estatales (Sicoes). Salvo una rehabilitación menor de un puente vehicular adjudicada en febrero, la verdadera actividad de la institución comienza a partir del 6 de junio, con la licitación de dos puentes.

Si se dividiera por rubros el ítem ‘Obras’ del Sicoes, se puede ver con claridad dónde estuvieron las prioridades de la Gobernación en la gestión anterior. Bs 46,95 millones se fueron a obras viales. A eso se suman Bs 2,25 millones que fueron adjudicados por el Servicio Departamental de Caminos. Otros Bs 78,69 millones se fueron a proyectos de electrificación rural; Bs 20 millones a campos deportivos (entre ella la polémica inversión en el estadio de atletismo que es rechazada por los atletas, que no quieren compartir el espacio con el fútbol); Bs 10,63 millones para infraestructura educativa, dos politécnicos en provincia; Bs 3,5 millones en infraestructura para pueblos indígenas, y Bs 2,9 millones en proyectos de riego.

Según Aguilera, el presupuesto original para infraestructura era de Bs 172 millones, pero gracias a los montos adicionales se ejecutaron Bs 256 millones. Hugo Sosa, secretario de Obras Públicas, asegura que el presupuesto de Sedcam llegó a 72 millones, con los que de manera directa la Gobernación erogó para ‘cemento’ Bs 328 millones. A ello se suman Bs 92,73 millones transferidos a la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), como contraparte de las obras de la red fundamental que provienen de un fideicomiso administrado por el Fondo Nacional de Desarrollo Regional y 46,57 millones transferidos a los municipios por la política del 50-40-10 de las regalías petroleras. Con ello, en infraestructura el gobierno departamental invirtió Bs 467,3 millones de los Bs 2.148 millones que ejecutó durante 2018. Eso significa el 21,75%. ¿En qué se gasta el resto?

Números y realidad

Para Edwin Muñoz, asambleísta del MAS, que sí es oposición en la Asamblea Departamental, la Gobernación gasta mucho en personal, en la contratación de consultores en línea. Rodolfo Vallejos, presidente de la Asociación de Municipios de Santa Cruz, acusa al gobernador Costas de contradecir su anuncio de “la hora de las provincias” y de invertir recursos en la capital, sobre todo en infraestructura deportiva, como la remodelación del estadio Tahuichi Aguilera o las obras en la Villa Olímpica. “No sé si es direccionado por Roly Aguilera, pero sin embargo, a las provincias no llegan este tipo de infraestructura”, dice.

José Luis Parada, asesor general de la Gobernación, asegura que prefieren invertir en salud, para no hacer estadios para 12.000 personas donde solo hay 2.000. El hombre que cuida los números de la Gobernación explica que de esos 2.148 millones ejecutados el año pasado, Bs 671 millones nunca pasan por las arcas locales, ya que se descuentan automáticamente para pagar los ítems del Tesoro General de la Nación. A eso se suman Bs 148 millones que se van al pago del gasto corriente (salario, servicios básicos, entre otros), unos 30 millones en transferencias al Searpi y el CIAT, 83 millones se destinan a Seguridad Ciudadana (cárcel, equipamiento policial) y Bs 353,66 millones se van en las cuentas de los hospitales de tercer nivel, tanto para el pago de ítems como la infraestructura y el equipamiento.

Según Parada, desde hace dos años el Gobierno nacional no da ni un solo ítem en el departamento. Lo retruca Muñoz, que asegura que de los 1.800 ítems que paga la Gobernación, casi todos se crearon antes de 2016 y “el 70% son administrativos que ni siquiera están en los hospitales”.

Parada asegura que se ha sido eficiente y prudente en la administración, que no se aumentó el personal de la Gobernación cuando los precios del gas estaban en su punto más alto y que a través del ‘apalancamiento de recursos’ se ha conseguido que la inversión pública del departamento continúe alta, pese a que los ingresos nacionales cayeron un 63% entre 2014 y 2016.

Pone como ejemplo el fideicomiso de 340 millones otorgados como crédito por el Estado para el pago de contraparte. Parada asegura que ese monto ha permitido $us 500 millones anuales en Santa Cruz durante los últimos tres años y aún se prolongará hasta 2020. De ahí salen carreteras como la nueva autopista Santa Cruz-Warnes o la doble vía hacia Cochabamba, además de las obras para la Y de integración, ruta que conecta a Santa Cruz con Cochabamba y Sucre por la vía a los valles.

Aguilera asegura que Santa Cruz es el único departamento que cumple con el 30% de contrapartes para las obras de la red fundamental que licita la ABC y que la administración departamental logró ejecutar en 2018 el 96% de su presupuesto inicial. Parada justificó que hayan quedado unos 500 millones sin utilizar porque algunos fondos adicionales llegaron el 24 de diciembre, cuando ya no se podía hacer nada para asignarlos a proyectos que lleven el sello de ‘nacidos en 2018”.