Pasaje del BRT incluirá monto para la Alcaldía por la inversión en vías
Los ingresos por cobro de pasajes tendrán tres destinos: un porcentaje para el pago de utilidades a transportistas, otro para la empresa que administrará las tarjetas electrónicas y otro para la Alcaldía, por gastos en obras y tecnología
El gobierno municipal cruceño aprobó a la fecha dos reglamentos de la Ley de Movilidad Urbana: el General y el Especial de concesiones administrativas municipales de transporte público masivo de alta capacidad. Esta última norma tiene 37 artículos y entre los aspectos más importantes resalta el referido a aspectos económicos.
El secretario municipal de Gestión Institucional, Jorge Landívar, explicó que en la redistribución de los ingresos por cobro de pasajes en el sistema de Buses de Transporte Rápido (BRT) la norma indica que el dinero debe tener tres destinos: un porcentaje se irá al pago de utilidades al operador, es decir, a los transportistas; otro para el pago a la empresa tercerizada que se encargará del sistema de recaudo de los pasajes a través de la tarjeta electrónica y otro monto para la Alcaldía, que corresponde a una especie de retorno por la inversión realizada en las obras de infraestructura (pavimentación y paradas) y la implementación de equipos del sistema de recaudo.
“La Alcaldía pondrá las paradas y dentro de las paradas estarán los equipos computarizados para el sistema de recaudo y todo lo demás. Tenemos que recuperar esa inversión”, aclaró Landívar.
La autoridad agregó que los porcentajes de destino de la recaudación deberán ser fijados junto con los transportistas. “Algunas inversiones las hará la Alcaldía y estas se irán pagando con el costo del boleto (pasaje). Llegará un momento en que se pague (la inversión) en su totalidad”, sostuvo.
Sobre el tema, el máximo dirigente del Sindicato de Micros Santa Cruz, Aldo Terrazas, expresó su rechazo a este punto de la norma, pues no están de acuerdo con destinar un monto para la Alcaldía, por concepto de “retorno de inversión”.
Para Terrazas, esto significaría cobrar un doble impuesto a los transportistas del servicio público. “No vamos a comprar micros para que los administren ellos. Es una incoherencia y un abuso”.
Mario Guerrero, dirigente transportista, coincide con Terrazas y afirma que las movilizaciones continuarán hasta que se abroguen los dos reglamentos, pues no fueron consensuados.
Otro punto en el que no se logró consenso con los transportistas fue el tiempo de duración de las concesiones. El reglamento especial establece que la duración no puede ser mayor a 15 años, pero que hay opción a ser renovada por un periodo similar. No obstante, Guerrero dijo que el acuerdo previo fue que dure 25 o 30 años.
Otro pedido de los transportistas es que no se reduzca la cantidad de micros que ingresan al centro de la ciudad.
Seguirán las protestas
Landívar informó de que no realizaron ninguna nueva invitación a los transportistas para dialogar, pero recordó que las puertas de la Alcaldía están abiertas para retomar las conversaciones. “El diálogo debe ser sin presiones, esa es la forma de trabajar”, dijo.
Ayer los transportistas cumplieron el segundo día de movilizaciones. Alrededor de 4.000 micreros marcharon a bordo de sus unidades por el segundo anillo, congestionando el tráfico vehicular. La otra mitad trabajó de forma normal. Pasado el mediodía se restableció el servicio.
Por la tarde, los dirigentes se reunieron en su sede sindical, donde acordaron reunirse nuevamente hoy, a las 10:00, para definir nuevas medidas de presión. Guerrero adelantó que se analizarán dos alternativas: un paro departamental y una marcha con bloqueo.
De las protestas del sector, no participaron los afiliados a la Federación Departamental de Cooperativas de Transporte de Santa Cruz (Fedetrans). El máximo dirigente del sector, Ronald García, explicó que esperan que les entreguen los reglamentos para analizarlos.
Acciones legales
La Alcaldía presentó el lunes una denuncia contra los dirigentes Aldo Terrazas y Luis Revollo. Los supuestos delitos por los que se los acusa son: instigación pública a delinquir, asociación delictuosa y atentado contra la seguridad de los servicios públicos.
Al respecto, Terrazas indicó que se defenderá en la justicia como corresponde. Agregó que como sector analizan presentar una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley de Movilidad Urbana y sus dos reglamentos vigentes.
