El tribunal observó la demora en acudir a la reconstrucción y en presentar el vehículo, además de la no entrega de un celular entre las obstaculizaciones. García Linera exhortó a la justicia a llevar una indagación transparente e imparcial

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9 de enero de 2019, 4:00 AM
9 de enero de 2019, 4:00 AM

Los vocales de la Sala Penal Tercera ratificaron la detención preventiva de tres imputados por el caso de la joven de 18 años víctima de violación en estado de inconciencia en un motel.

Luego de una audiencia que se prolongó por casi cinco horas, los vocales Zenón Rodríguez y Sigfrido Soleto, ratificaron la detención dictada por el juez cautelar Roberto Arias el 18 de diciembre de Carlos Alejandro Saavedra Saavedra, José Antonio Rosales Franco y Jorge Andrés Justiniano Parada, quienes habían apelado la determinación aduciendo que su detención fue ilegal y que se les vulneraron sus derechos.

Sin embargo, en el dictamen, los vocales tomaron en cuenta los indicios de obstaculización de las averiguaciones argumentadas por la Fiscalía y por la defensa de la víctima, en el sentido de que faltan por realizarse actos investigativos que, además, han sido obstaculizados por los denunciados, como el caso de los peritajes a los teléfonos, al vehículo, la reconstrucción de los hechos y otros.

A la apelación no se sumaron los otros dos detenidos, José Alejandro Castro Pinto ni el menor de 14 años.

Abogados de los detenidos

Previamente, el tribunal rechazó un incidente de parte de la defensa de los detenidos, que adujeron errores procedimentales en la detención. Rodríguez y Soleto coincidieron en que según la Constitución Política del Estado la verdad material de los hechos está por encima de los formalismos y que en este caso hay una realidad irrefutable, que es un delito de lesa humanidad.

Los abogados Víctor Cartagena de Alejandro Saavedra y Winter Hinojosa de José Antonio Rosales, inicialmente argumentaron que a ninguno de sus defendidos se los individualizó, por lo que plantearon un incidente pidiendo la nulidad de la imputación fiscal porque además fue presentada fuera de término.

Ya en la audiencia de consideración de la apelación, los abogados arguyeron que sus defendidos colaboraron en las investigaciones y también citaron el examen forense que no determina quién cometió la violación ni las lesiones físicas a la víctima.

Vicepresidente García Linera

“Hemos encargado al Ministerio de Justicia que haga un seguimiento detallado, queremos una investigación clara transparente, no manipulada, ni por presión política, ni por dinero y los responsables de esta aberración, de esta agresión y este delito paguen ejemplarmente los efectos de sus actos”, informó ayer en La Paz el vicepresidente Álvaro García Linera en referencia al caso.

El fin de semana, la madre de la víctima había convocado a “todas las autoridades”, incluyendo al presidente del Estado, a garantizar que la investigación se desarrolle de manera justa, pues aseguró que desde que sentó la denuncia percibió presiones a los encargados de la investigación y que los padres de los detenidos hacían “correr plata”, por lo que se estaba enfrentando a un “gran poder económico”.

Fiscales cerraron filas

Los fiscales Osvaldo Tejerina y Nancy Carrasco en la audiencia de ayer aseguraron que había suficientes elementos contra los imputados y desvirtuaron que la imputación fuera presentada fuera de tiempo y que hayan vulnerado los derechos de los detenidos como afirmaron sus abogados.

Es más, observaron que, al contrario, los detenidos obstruyen los actos investigativos. Por ejemplo, citaron que uno de ellos presentó como certificado de trabajo un documento sin contrato y señalando ser ingeniero a corta edad. Además, expusieron como pruebas su participación activa en el boliche y en el motel, la compra y consumo de drogas para vejar a la joven, entre otras.

“Vive porque Dios existe”

Los abogados de la víctima, Andrés Ritter y Jessica Echeverría, en su exposición, dejaron en claro que los vocales no solo deben hacer justicia con su fallo, sino dar un mensaje a la sociedad de que delitos como la violación contra la joven de 18 años jamás se pueden repetir.

Ritter expresó que ningún certificado forense en Bolivia establece qué persona cometió el delito, sino que determina las causas de un hecho cometido, pues el resto lo determinan los actos investigativos.

Manifestó que son muchas las evidencias de obstrucción de los detenidos, y los riesgos de fuga puesto que de la misma boca de algunos detenidos ha escuchado que viajan a Estados Unidos “cualquier rato”.

También recordó que el vehículo en que llevaron a la joven fue entregado después de casi siete días de ocurrido el hecho y totalmente lavado, haciendo desaparecer evidencias como una botella con droga diluida en agua.

Otra de las observaciones fue la “desaparición” del teléfono de José Antonio Rosales que adujo no usar estos aparatos y no lo entregó para el peritaje de desdoblamiento de llamadas que se debe realizar.

Ante estas situaciones, pidió que se aceleren los actos investigativos como peritajes a teléfonos, declaraciones de personas del motel y de la discoteca, así como convocar a un taxista que recibió como pago Bs 20 de un detenido supuestamente para llamar a una ambulancia.

A su vez, la abogada Jéssica Echevarría recordó que la joven fue vejada y golpeada, además de que en su organismo se evidenció que tenía más de seis componentes de droga, por lo que los médicos no se explicaban cómo pudo vivir.

“La joven que creía que los ahora detenidos eran sus amigos, acababa de salir de bachiller y con el sueño de estudiar Medicina. Vive porque Dios existe, nunca va poder olvidar lo que vivió”, dijo, a tiempo de reclamar a la Fiscalía por qué la madre de José Antonio Rosales, que difamó y calumnió a la víctima en la audiencia donde les dieron detención preventiva, no es citada.

Los vocales Zenón Rodríguez y Sigfrido Soleto al final ratificaron la detención de los imputados y consideraron que los riesgos de obstaculización y de fuga son evidentes, además de asegurar que son un peligro para la sociedad por el hecho irrefutable de violación agravada, en estado de inconciencia a la joven y por las pruebas que maneja la Fiscalía.

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