Sentencian a 30 años de prisión a feminicida

Miguel Arancibia (42), quien se entregó a las autoridades y reconoció haber golpeado a su pareja Magdalena Flores (31) el 25 de enero, lo cual derivó en la muerte de la mujer cuatro días después, se sometió a un juicio abreviado y fue sentenciado a 30 años de reclusión, informó el fiscal adscrito a la jurisdicción de La Guardia, Saúl Rosales.

“Le pido (a la familia de la víctima) que me disculpen, estoy arrepentido... estaba borracho”, dijo brevemente el hombre que fue sentenciado por el delito de feminicidio.

El fiscal señaló además que tres hijos de la pareja que convivió durante 12 años, quedaron en orfandad y que en la entrevista sicológica uno de los menores reveló que también eran víctimas de agresiones físicas por parte de su progenitor.

El hecho sucedió en el barrio Monte Alto (km 9), cuando el hombre, descontento con la comida que su pareja le sirvió, procedió a golpearla. Cuando la mujer fue al médico, dos días después, le revelaron que en su vientre tenía un ser de 20 semanas de gestación que falleció por la golpiza. Por su estado de gravedad la víctima fue trasladada al hospital Japonés donde finalmente falleció. Es el segundo feminicidio en Santa Cruz en este año, según la Felcv.

Identifican ‘cuellos de botella’

Un estudio realizado por el Centro de Promoción de la Mujer, Gregoria Apaza, sobre los ‘cuellos de botella’ que impiden que las mujeres que son víctimas de violencia reciban una atención adecuada, fue presentado ayer por la Casa de la Mujer en Santa Cruz. El estudio se denomina Principales obstáculos para la implementación de la Ley 348 en los municipios de El Alto y Santa Cruz de la Sierra; señala entre sus principales conclusiones la falta de personal institucionalizado en los Slim’s, Felcv, Fiscalía y juzgados especializados de violencia contra la mujer ocasionado por el traslado del personal capacitado a otros destinos; la sobrecarga procesal de los investigadores; carencias de juzgados especializados, burocracia, personal no sensibilizado; falta de coordinación entre Fiscalía y Policía, aplicación inadecuada de protocolos, entre otros, expuso la abogada Mirka Jiménez.