Trabas dilatan vigencia del nuevo estatuto y de los cambios en la Uagrm

A tres meses de que los directivos del II Congreso Universitario Docente Estudiantil hiciera la entrega del estatuto orgánico universitario al rector Saúl Rosas para su promulgación en un plazo de diez días, este importante paso que pondrá en vigencia las reformas en la ‘U’ se ha dilatado y el tema ahora ha pasado al Ilustre Consejo Universitario (ICU), lo que es observado por algunos excongresales que consideran que el ICU no tiene competencias sobre temas del congreso, que es la instancia máxima en la estatal cruceña. Aseguran que lo único que debe pasar al ICU es el tema del referéndum.

Para algunos excongresales y delegados ICU, todo esto viene a dilatar la puesta en vigencia de la nueva carta magna de la Uagrm, lo que tiene estancadas varias reformas, entre ellas las más urgentes (aprobadas mediante resoluciones), como los cambios en la prueba de admisión, la carga horaria y el aumento en el presupuesto para investigación. Observan que tampoco hay avances en los temas que tienen que dirimirse en un referéndum, el cual debía hacerse 90 días después de la conclusión del congreso, pero que hasta ahora el ICU no ha tratado.

El sonado congreso universitario se realizó del 27 de agosto al 4 de septiembre del año pasado, y el 5 de noviembre la directiva entregó al rector el texto para que lo promulgue antes de los diez días; sin embargo, esto no ocurrió.

Ante este hecho, el 30 de enero, un grupo de congresistas hizo público un pronunciamiento, en el que solicitan al rector que promulgue la norma. En respuesta y, según documentos a los que accedió EL DEBER, el rector se excusó, indicando que no tenía competencias para ello, pero luego recurre al ICU para solicitar autorización para promulgar la norma, aunque previa verificación de la misma, haciendo notar que algunos excongresistas presentaron observaciones al documento.

Precisamente, en una carta enviada al expresidente del congreso, Rolando López, el rector hace notar que entre las observaciones está la inexistencia de la memoria del segundo congreso y que las resoluciones transitorias no fueron aprobadas en plenaria. Una de ellas (artículo 217) es la que le pone candado a la reelección de las actuales autoridades.

A inicios de este mes, el tema es tratado por el ICU, que autoriza a la comisión institucional y jurídica del ICU que haga un informe, resultante del trabajo con el expresídium del congreso, para que el rector promulgue la norma.

Cambios congelados

López lamentó que se siga dilatando la aplicación del estatuto y que el tema sea derivado al ICU. “La comunidad universitaria está exigiendo que entre en vigencia el estatuto y las resoluciones. Si entramos en el juego de ir a un poder constituido, como el ICU, estaríamos faltando a la institucionalidad. El congreso es el máximo órgano; el congreso ha deliberado y ha sacado un estatuto y resoluciones que tienen que aplicarse. Si alguien quiere observarlo, tiene que hacerlo en un congreso extraordinario”, expresó López.

Para López, esta situación ha frenado la aplicación de reformas tan esperadas por los estudiantes y docentes, establecidas en las resoluciones, como la descentralización de la PSA a las facultades, la nueva forma de distribución de la carga horaria y el incremento del presupuesto para investigación, pues por mandato del congreso un 5% del soporte ordinario, además del 15% del IDH, deben ser destinados para investigación.

“Toda la parte económica y algunos temas académicos están regidos por resoluciones aprobadas por congreso, que ya deberían aplicarse. Por ejemplo, el incremento del presupuesto a investigación, la carga horaria, además de la PSA”, refirió López.

En esto coincide Rogelio Espinoza, delegado de base de los docentes al ICU, quien adelantó que presentará una impugnación a la resolución del ICU porque este ente no tiene competencia sobre lo aprobado en un congreso. El temor, según dijo, es que a través del ICU se introduzcan cambios al texto aprobado en el congreso.

La excongresista Sara Gutiérrez dijo que ya no se pueden dar cambios en el texto y que lo que debe hacer el rector es promulgarlo para que entre en vigencia. “No hay por qué darle vuelta al asunto”, dijo. Para ella, la Uagrm está en una especie de vacío legal, pues al aprobarse un nuevo estatuto el anterior queda derogado.

Con respecto a la no reelección de autoridades académicas, López y Espinoza reiteraron que fue un mandato del congreso y si alguien cree que se le está afectando sus derechos puede recurrir a un amparo.

Hubo observaciones

El presidente de la comisión jurídica del ICU, Remberto Soto, indicó que las normas universitarias establecen que “entre congreso y congreso la máxima autoridad del cogobierno es el ICU”. “¿Por qué (el tema) ha pasado a la comisión que presido? Para que se haga un informe, no es para modificar ni revisar, pues la comisión jurídica no tiene competencias para modificar ni una sola coma del estatuto. Sin embargo, como han existido observaciones, esta puede sugerir que el estatuto se promulgue con excepciones.

Soto explicó que, según denuncias de algunos excongresales, la exdirectiva del congreso introdujo temas que no fueron aprobados en las plenarias del congreso, entre ellas las disposiciones transitorias. Adelantó que la próxima semana ya se tendrá un informe, el cual dirá que el estatuto se promulgue con excepciones.

Se intentó conocer la versión del rector Saúl Rosas, pero los encargados de prensa indicaron que la autoridad no se iba a referir a este tema. Pidieron que EL DEBER hable con el presidente de la comisión jurídica.

PARA SABER

RESOLUCIÓN ICU | La resolución 003-2019 autoriza al rector la promulgación del estatuto, previo informe de la comisión institucional y jurídica del ICU, resultante del trabajo conjunto de esta comisión y del expresídium del congreso.

LO OBSERVADO, SEGÚN EL RECTOR | Según una carta, algunos excongresales hicieron conocer observaciones a la inexistencia de la memoria del congreso; a la inexistencia de resolución o documento congresal que identifique con precisión cuáles son los artículos reformados y a la falta de aprobación por parte de la plenaria de las disposiciones generales y transitorias, incluidas en el capítulo octavo, artículos 215 al 223 del texto. El art. 217 es el que establece la no reelección, es decir, que las actuales autoridades no podrán postularse al mismo cargo.