En la actualidad, la investigación tropieza con el difícil acceso a la información pública. Varios trabajos de reporteros lograron destapar muchos hechos de corrupción.

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12 de mayo de 2019, 8:00 AM
12 de mayo de 2019, 8:00 AM

¿Cuánto se sabría de los hechos de corrupción sin la investigación periodística? Probablemente poco, o casi nada. En Bolivia, al menos 15 escándalos de corrupción salieron a la luz pública gracias a la indagación de periodistas. Por ello, han habido comunicadores bolivianos amenazados y hasta atacados.

La publicación de los hechos permitió el alejamiento y proceso de autoridades vinculadas a los ilícitos y, en algunos casos, hubo procesos que terminaron en prisión.

La Constitución boliviana garantiza el trabajo periodístico, pero lo que aún no se ha logrado es que el acceso a la información pública sea ágil y transparente. Al contrario, tanto en el Gobierno nacional como en varios subnacionales, hay datos que se guardan bajo siete llaves.

El periodista cruceño Antonio Miranda Solis -fallecido en febrero de 2008- descubrió, en plena dictadura garciamecista, uno de los hechos de corrupción más grandes de la historia de Bolivia: la explotación de piedras semipreciosas de La Gaiba (Santa Cruz), saqueo con el que se beneficiaron ilegalmente los dictadores Luis García Meza y Luis Arce Gómez. Miranda fue el primer periodista boliviano en ser premiado en el exterior. Su investigación sobre el tráfico de piedras semipreciosas a Brasil consiguió el premio EFE, lo que hoy es el premio Rey de España.

“Fue un trabajo de investigación que tiene un alto valor por ser desarrollado en plena dictadura. Antonio Miranda es un ejemplo para el periodismo de investigación”, rememora el periodista Ronald Grebe. Noel Kempff fue asesinado por la mafia del narcotráfico en 1986 en la serranía de Huanchaca, durante una expedición del científico.

Había llegado a una megafábrica de cocaína. Se tardó mucho en llegar a la verdad y fue una investigación periodística que desveló los nexos del narcotráfico con el Estado, aunque las indagaciones oficiales nunca llegaron a la verdad. Wilson García Mérida estuvo cerca de la muerte. El periodista cochabambino, en 1986 fue parte de la investigación al caso Huanchaca, ese nexo entre el narcotráfico y el Estado que provocó la muerte de Kempff.

En 1990 desveló la estafa de una financiera, a través de préstamos de ciudadanos que recibían altos intereses, y que después se supo que lavaba dinero del narcotráfico. García Mérida sacó a la luz los nexos del negocio de drogas y la fortuna que amasaron los dueños de la financiera.

El periodista, un tiempo después, fue apuñalado en la ciudad de Cochabamba y casi pierde la vida. “Revelé las tramas del narcotráfico vinculada a la inmobiliaria, motivo por el cual sufrí un atentado en manos de un sicario contratado por la mafia organizada, durante el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada. Salvé mi vida milagrosamente”, recuerda García Mérida.

Otros casos de corrupción que fueron descubiertos por investigaciones periodísticas son: la venta de misiles chinos a Estados Unidos, los nexos de Marco Marino Diodato con el gobierno de Hugo Banzer, el alquiler del avión privado de Gonzalo Sánchez de Lozada al Estado y la compra del avión Beechcraft en plena tragedia de Aiquile, para uso del presidente Hugo Banzer.

En plena dictadura, el periodista Jaime Otero Calderón creó el semanario Servicio de Información Confidencial (SIC). Este boletín publicaba investigaciones que vinculaban al gobierno de facto Rene Barrientos con hechos ilícitos. El 15 de febrero de 1970 apareció estrangulado en su imprenta.

En tiempos actuales

En la actualidad, el periodismo de investigación camina sobre un pantanoso sendero. En Bolivia no hay libre acceso a la información, por lo que obtener datos del Estado es una cruzada difícil. Aún así, la periodista Lupe Cajías destaca el trabajo de los periódicos EL DEBER, La Patria y Los Tiempos y de la red televisiva Unitel.

Este medio destapó varios casos de corrupción. Uno reciente es el tráfico de órdenes de destino para facilitar el ingreso de contrabando desde Chile. Por este caso cayó el que fuera comandante de la Policía de Oruro, Romel Raña, y se investiga al excomandante de la Policía, general Faustino Mendoza.

Otro trabajo de investigación de este medio es Los colmillos de la mafia: la agonía del jaguar en Bolivia, en el que se muestra el tráfico de órganos de estos animales, sin que haya acciones concretas de parte del Estado. Este reportaje logró el premio Rey de España. Un bullado caso actual es la indagación de la penetración del narcotráfico en la Policía. Los principales detalles, que ahora son usados por fiscales como prueba, están siendo desvelados por el periodismo.

El ministro de Comunicación, Manuel Canelas, dijo que el Gobierno garantiza el trabajo de los periodistas y anuncia reuniones para abordar el tema del acceso a la información. Destaca el periodismo de investigación en esta coyuntura. La investigación de la compra de barcazas destapó una red de corrupción en el Gobierno.

En 2012, el diario Página Siete reveló que la Empresa Naviera Bolivia había pagado, por adelantado $us 28 millones para la construcción de 16 barcazas y su respectivo traslado a Bolivia. Dichas adquisiciones nunca llegaron a Bolivia y el dinero se perdió por diferentes juicios.

El presidente de la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP), Reynaldo García, destaca los trabajos de investigación en los casos del Fondo Indígena y los vínculos de la empresa China CAMC y Gabriela Zapata con el Gobierno. En el primer caso se descubrieron proyectos fantasma y un millonario desvío de recursos del Fondo Indígena a cuentas personales de dirigentes campesinos e indígenas.

En el segundo, el comunicador Carlos Valverde desveló los beneficios económicos que recibió Gabriela Zapata, exnovia del Evo Morales, quien trabajaba en una empresa china que tenía millonarios contratos con el Gobierno. Estos y otros casos muestran que el periodismo independiente garantiza la búsqueda de la verdad y la democracia.