La crisis humanitaria contada desde el mismo infierno

“Justo ahora (4:35 pm) hay un apagón general en el área metropolitana de Caracas y también colapsa la telefonía celular”, eso me dice Edgar López, periodista de Venezuela especializado en derechos humanos.

La energía eléctrica se fue el lunes pasado en la capital y en muchos otros Estados y, con ello, otro problema se suma a la lista creciente de situaciones duras que soportan los venezolanos. Además del drama de la luz, los niños y mujeres se han convertido en rastreadores de medicamentos, en médicos de calle, en expertos en memorizar las composiciones específicas de los remedios. La crisis humanitaria compleja que se vive en el país gobernado por Nicolás Maduro ha modificado tanto la vida que la salud de sus habitantes pasa momentos oscuros y está, literalmente, herida de muerte.

Esta realidad categórica la soportan los venezolanos cuyos testimonios revelan que cada día es un reto vivir. Lo ha confirmado el informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Michelle Bachelet, sobre la situación de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela que se publicó a comienzos de julio.

El informe de 22 páginas, en el inciso B, que titula Derecho a la salud, resume así la dramática realidad: La situación es grave. Hay éxodo de doctores y personal de enfermería, carencias en la atención médica básica y de medicamentos. Las familias de los pacientes tienen que suministrar todos los productos de primera necesidad, entre otros, agua, guantes y jeringuillas.

Asimismo, enfermedades que anteriormente estaban controladas y habían sido erradicadas, entre ellas dolencias evitables con vacunas, como sarampión y difteria, han reaparecido. Hay falta de acceso a todos los tipos de anticonceptivos.

Ello aumenta el riesgo de contraer el VIH y otras enfermedades de transmisión sexual. La tasa de embarazos en adolescentes ha incrementado un 65% desde 2015. La Encuesta Nacional de Hospitales (2019) constató que, entre noviembre 2018 y febrero 2019, 1.557 personas murieron debido a la falta de insumos en hospitales.

Los apagones han causado daños irreparables, como se revela en reportes que indican que 40 pacientes murieron como resultado del apagón de marzo de 2019. Violaciones al derecho a la salud son resultado del incumplimiento del Gobierno de sus obligaciones fundamentales, las cuales son irrenunciables, aún por motivos económicos.

Los testimonios de varios venezolanos que viven en Caracas no solo que confirman el informe de la ONU, sino que incluso profundizan la crisis que, además de a la salud, golpea a los derechos económicos y sociales, a la alimentación. Denuncian que hay una fuerte violación de los derechos civiles y políticos, a la libertad de opinión, represión, persecución, uso excesivo de la fuerza y muertes en las manifestaciones contra el Gobierno.

Luz Mely Reyes, periodista de Efecto Cocuyo, detalla que la imposibilidad de acceder a un sistema público de salud, incluso al privado, ya generó una crisis en la atención médica en general.

“La hiperinflación, que afecta a todo el mundo, tiene un impacto en el salario que no alcanza para alimentarse bien ni para adquirir medicamentos”.

Luisa Kislinger, internacionalista y activista de derechos de las mujeres y de los derechos humanos, acaba de hacer una investigación en cuatro establecimientos públicos que, aseguró, confirmaron que las condiciones son extremadamente precarias.

“Hay situaciones estructurales que la emergencia humanitaria compleja agravó. Hemos visto que no hay insumos básicos desde medicamentos sencillos, como antibióticos ni los insumos para administrarlos. No existen productos de limpieza, falta personal, los servicios de laboratorio no funcionan.

El sistema de salud está en una condición de precariedad brutal y por el suelo. Acudir al sistema público de salud puede significar riesgos. Allí pueden contraer infecciones para las que no hay medicamentos. Los médicos no tienen cómo lavarse las manos porque solo les entregan un jabón a cada uno”, explica Luisa Kislinger, que si tuviera que enumerar cuáles son los más grandes problemas por los que atraviesa su país, ella dice: la escasez general de anticonceptivos, de medicamentos, el hambre, la inseguridad, el acoso del régimen hacia quienes protestan en su contra, la precarización de la vida en general, y el que el vivir sea un reto de todos los días.

Sobre el informe de Bachelet dijo que es un documento histórico porque hace una radiografía muy exacta de lo que está pasando en el país desde diversas áreas, que pone atención especial en la vulneración de derechos civiles y políticos sobre detenciones arbitrarias, desapariciones forzosas, incluyendo la violencia sexual como método de tortura.

Edgar López enfatizo que en Venezuela existe una emergencia humanitaria compleja, que es mucho más grave que una crisis. La emergencia humanitaria compleja, detalló, tiene su origen en deficiencias estructurales que han conducido al quiebre del Estado. Dijo que las instituciones no tienen capacidad de dar respuestas a los problemas más apremiantes de la población ni de garantizar los derechos humanos. En este contexto, sostiene que es imprescindible la ayuda internacional (que también es un derecho humano), pero que el Estado venezolano no acepta o instrumentaliza ideológicamente.

“Que cada hora huyan del país aproximadamente 200 venezolanos es una evidencia de la profundización de la emergencia. La migración forzada, que según el Acnur y la OIM ya supera los 4.000.000 migrantes y su impacto en otros países ha permitido una mayor visibilidad de una crisis de movilidad humana sin precedentes en la región. La gente que come de la basura es la imagen sintética del hambre en Venezuela”, grafica la dura realidad.

Al respecto, el informe de Bachelet señala: “…el Estado incumple su obligación de garantizar los derechos a la alimentación y la atención sanitaria. La escasez creciente de alimentos y su precio cada vez más alto se han traducido en un número menor de comidas con menos valor nutricional, elevados índices de desnutrición y una repercusión especialmente adversa sobre las mujeres, algunas de las cuales informaron de que, en promedio, pasaban 10 horas al día en las colas para comprar alimentos. A pesar de que el Gobierno ha realizado esfuerzos para afrontar esta situación mediante programas sociales, amplios sectores de la población carecen de acceso a la distribución de comida y las personas entrevistadas acusaron a las autoridades de excluirles porque no eran partidarias del Gobierno”.

Edgar López detalla que, a lo señalado anteriormente, se suma el ‘negacionismo’ del Estado frente a la emergencia humanitaria compleja, y que si no admite la existencia de los problemas, es poco probable que se haga algo, o lo suficiente, para solucionarlos; la falta de contrapesos institucionales que niegan la existencia de una verdadera democracia en Venezuela; la militarización de la gestión pública; los elevados índices de criminalidad y la aplicación de políticas de mano dura que han degenerado en torturas y ejecuciones extrajudiciales; la corrupción generalizada y el colapso del sistema eléctrico nacional.

Mary Molina, venezolana que emigró a Bolivia, destaca el informe de la Alta comisionada de la ONU, y pone énfasis en un detalle que ella considera muy importante: “No pudo visitar el lugar donde realmente existe el exterminio de personas, como es la cárcel de La Tumba. Ahí el régimen de Maduro lleva a presos políticos de donde muchos no vuelven a ver la luz por mucho tiempo o para siempre. Es el peor lugar que puede existir en Venezuela. Ahí realizan las torturas más inhumanas”.

Mientras ella me da esta declaración en Bolivia, en Caracas Luz Mely Reyes, Edgar López, Luisa Kislinger y millones de venezolanos cada vez que ocurre un apagón de luz de enfrentan a la dura tarea de llegar a casa, envueltos en una oscuridad que agranda la inseguridad, la crisis en los hospitales y la falta de alimentos que hacen que vivir en Venezuela sea un enorme reto.