Batallas no está lejos de La Paz. Está a una hora. En ese municipio, las tres únicas concejalas sufrieron acoso y violencia política al extremo de recibir golpizas por parte de su colega. Como este caso, hay varios y en distintas instituciones legislativas.

La cifra oficial es de 65 denuncias, pero existen otros números, como 265 casos instalados en la Cámara de Diputados. La discriminación y la presión a renunciar son las principales formas del acoso y violencia contra autoridades mujeres.    

Sonia Alanoca es concejala de la organización Movimiento Por la Soberanía (MPS) en el municipio de Batallas. La autoridad denuncia que sufrió agresiones físicas por parte de su colega Ascencio Laura, de su mismo partido, que en la anterior gestión fue presidente del Concejo Municipal de esa localidad paceña. “(Laura) tomaba en la oficina con su secretaria y luego hacía escándalos. De sano siempre nos discriminaba y nos presionaba para dejar el cargo. Aguantamos hasta que nos agredió. A mí me golpeó y senté la denuncia”, relata Alanoca, que ahora cumple funciones y Laura fue suspendido.

Las otras dos concejalas, Lidia Patty y Rosa Condori, también sufrieron acoso y violencia política. Condori es del Movimiento Al Socialismo (MAS) y reprocha que sus colegas varones la presionen para que renuncie, y así asuma un concejal masculino. 

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) reporta 65 casos registrados de acoso y violencia política hacia mujeres, de los cuales la mayoría afecta a concejalas y a  asambleístas. De esa cifra, 21 denuncias fueron realizadas por autoridades del partido oficialista. Los casos se registraron en los primeros cuatro meses del año. 

La presidenta del TSE, Katia Uriona, dice que con estas cifras de denuncias “se está poniendo en riesgo los alcances de la democracia paritaria e intercultural en el país”. 

Los fundamentos de las denuncias son cinco: actos discriminatorios, presión para renunciar, la firma de documentos contra la voluntad, restricción del uso de la palabra y presión sobre las familias. Las dos primeras son las más aplicadas y comunes.

La representante de la Coordinadora de la Mujer, Mónica Novillo, detalla que, a excepción del Concejo Municipal de La Paz, ninguna entidad pública cuenta con la reglamentación para atender hechos de violencia y acoso político, como manda la Ley 243 contra el Acoso y Violencia Política hacia las Mujeres.

En Diputados
Jimena Costa llegó a la Asamblea Legislativa Plurinacional con la alianza Unidad Demócrata (UD). A principio de esta gestión denunció lo que venía sufriendo hace mucho tiempo: el acoso político por parte de sus correligionarios varones. La legisladora señala que en su partido existen presiones para que se aprueben mecanismos a favor de los jefes de bancada, que por lo general son de sexo masculino.  “La persecución, las amenazas, el obligar sobre todo a las diputadas a que retiren su firma para apoyar a un diputado son unas prácticas de la política que se deben desterrar de este Parlamento.”, critica Costa. 

En esa misma situación se encuentra Fernanda San Martín, también de filas de UD. La asambleísta apunta a los senadores Arturo Murillo y a
Óscar Ortiz de “tomar las decisiones” en su partido, lo que margina a las autoridades mujeres elegidas. 

Murillo niega esas acusaciones y detalla que en su agrupación las decisiones se las toma bajo consenso. “No pueden llegar a ese extremo. Eso ya lo hablamos y el caso debe ser resuelto internamente”, dice. 

Otros datos maneja la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, que en la anterior gestión registró 265 denuncias por acoso y violencia política. De esta cifra, el 50% llegó a conciliación y un cuarto derivaron al Ministerio Público para que se inicien las investigaciones correspondientes, informa la diputada del MAS Mireya Montaño.

La Asociación de Concejalas de Bolivia (Acobol) recibió en 2017 35 denuncias por acoso y violencia política contra concejalas por parte de sus colegas, las cuales se registraron con mayor incidencia en el área rural. 

Valeria Silva, diputada del MAS, señala que la violencia y el acoso no miden colores políticos y remarca que todos los casos deben ser investigados, pero subraya que las afectadas deben denunciar para erradicar esta problemática.

La Ley de Organizaciones Políticas se trabaja en coordinación con varios sectores y busca -entre varios ámbitos- castigar los abusos contra autoridades mujeres. El Tribunal Supremo Electoral (TSE) quiere presentar el proyecto en esta gestión a la Asamblea Legislativa.

“En los partidos políticos existe absoluta irresponsabilidad porque no asumen medidas de protección a las mujeres víctimas de acoso y violencia política, y en muchos casos la dirigencia se pone del lado del agresor”, remarca Mónica Novillo, representante de la Coordinadora de la Mujer.