La tortura: en dictadura y democracia

Con motivo del Día Internacional de las Naciones Unidas en Apoyo de las Víctimas de la Tortura, que se conmemoró el 26 de junio, nos proponemos responder algunas de las preguntas planteadas por un tipo de violencia extrema: la tortura. Su persistencia y al mismo tiempo su invisibilización en nuestro país. 

“Los soldados locos y rabiosos como demonios, metrallaban a las puertas y abriendo sacaban a rastras a mujeres y niños para violarlos, y a los hombres los desvestían pegando y los ponían tendidos al hielo y estos gritaban y lloraban. También saquearon, robaron televisores, artefactos, dinero, camas, ropas, asaltaban pulperías, tiendas de zapatos y hacían todo lo que querían. Era un caos totalmente inhumano, esto nunca olvidaré en mi vida, este día de agosto del 71 para la familia minera fue un infierno por que todo era sangre, dolor y luto” (Minero de Caracoles) 1971. Dictadura de Banzer.

“Me hacían reaccionar y luego me llevaron a un baño. Me hicieron descalzar. Me quitaron los zapatos y me echaron agua en mis pies, me pusieron esa capucha de tela de tocuyo oscuro y me quitaron las manillas. Y empezó ahí la aplicación de corriente eléctrica,¡ fue horrible!” (Ana Laura Durán) 1992. Gobierno de Jaime Paz Zamora.

 “Me gasificaron en la boca con gas vomitivo, me pusieron corriente eléctrica en la boca con el torito, me cortaron mi cola con una sierra mecánica con la cual yo trabajo”.  (Steve Ayala, privado de libertad, cárcel de Villa Busch) 2016. Gobierno de Evo Morales Ayma.

Estos testimonios de diferentes épocas, recogidos por el Instituto de Terapia e Investigación sobre las Secuelas de la Tortura y la Violencia de Estado (ITEI), demuestran que la tortura ha sido y es una práctica de todos los gobiernos bolivianos, contradiciendo lo que en el imaginario colectivo se identifica solamente con gobiernos dictatoriales.

A partir de los testimonios de tortura de diferentes épocas recogidos por el ITEI, podemos afirmar que nos encontramos en un escenario con similitudes, respecto al accionar de las fuerzas represivas, que nos permite aseverar con gran preocupación que los métodos de tortura utilizados por los organismos policiales son métodos usados por todos los gobiernos bolivianos. Amenazas contra miembros de la familia, amenazas de muerte, negación de asistencia jurídica (tortura sicológica), aislamiento con privación de vestimentas, privación de alimentos y uso de sanitarios (tortura biológica), golpes contundentes con diversos objetos, aplicación de corriente eléctrica, largos periodos en posturas dolorosas (tortura física), toqueteos, violaciones (tortura sexual) y, para coronar esta lista, el asesinato de la víctima. Estos son algunos de los métodos usados para lograr confesiones, obtener información, silenciar a la disidencia o amedrentar a las víctimas. Conclusión inevitable y dolorosa: la tortura en Bolivia sigue siendo una amenaza, más difusa, pero sin duda latente. Un riesgo que exige un ‘nunca más’ colectivo. 

En sus 16 años de vida institucional, el ITEI ha dado atención sicológica, sicoterapéutica y médica a 1.613 personas afectadas por tortura, de las cuales 547 son personas afectadas en las dictaduras y 1.066 en gobiernos ‘democráticos’.

Las causas y factores que favorecen la tortura son múltiples. Aquí enumeraremos algunas sin querer afirmar en este breve artículo la totalidad. 
Todo depende de la voluntad política de las autoridades. Uno de los factores que favorecen la práctica de la tortura es el resultado de una voluntad política de instituir la tortura o, al menos, hacer la vista gorda ante ciertas acciones de las fuerzas del orden.

Un segundo factor es la capacidad de las autoridades para mantener el control sobre las fuerzas del orden. La supervivencia del régimen depende tanto de estas fuerzas que los gobiernos no pueden dar los pasos necesarios para imponerles reglas de conducta. La impunidad resultante de esta falta de control es un factor central en la existencia de la tortura.

Por otro lado, los aparatos represivos de regímenes militares y sus sustratos doctrinarios no han sido desarticulados; la sociedad boliviana no ha deslegitimado y es permisiva frente a una cierta ética sustentada por las fuerzas armadas que no cuestionan, por el contrario, respaldan y se hacen cómplices de crímenes de lesa humanidad perpetrados en nombre de esa doctrina. Tampoco se han dado pasos tendientes a democratizar las fuerzas armadas ni la policía y, por lo tanto, se conserva el modelo represivo, las técnicas de coerción y los propios actores. 

Otro factor importante son los medios y la capacitación de la cual se dota a las fuerzas del orden para aplicar la ley. Una fuerza policial mal equipada y mal entrenada, sin un servicio de inteligencia capaz de realizar investigaciones científicas e identificar con mayor precisión a quienes cometen delitos, tiene mayor necesidad de recurrir a la tortura para recolectar información, obtener confesiones y encontrar culpables; el funcionamiento del sistema judicial y la importancia atribuida a las confesiones obtenidas por este medio también condicionan la conducta de los aparatos represivos. 

El nivel de violencia ejercida por las fuerzas del orden también depende de la percepción que las autoridades policiales, las autoridades y la población tienen de la situación y del peligro. Una campaña gubernamental tendiente a la criminalización de la protesta social en sentido de que esos movimientos amenazan el equilibrio social, ejercen una gran presión sobre la Policía, que usa la violencia con menos discriminación. 

A esta lista se añade que diversas razones imposibilitan la sistematización estadística de los casos de tortura en el país. La inexistencia de investigaciones cuantitativas y cualitativas sobre hechos luctuosos en nuestro país imposibilita esta tarea. Más grave aún, menos factible resulta medir las secuelas bio-sicosociales de la tortura como problema de salud pública.

A los traumas de diversa índole que causa la tortura se ha sumado la ‘impunidad’; es decir, una nueva agresión que se une a los dolores, sufrimientos, pérdidas, duelos, profundizando el miedo, creando desconfianza y confusión. Se necesitan medidas más eficaces para parar el ciclo de la impunidad. Entre ellas garantizar la justicia, la verdad y otras formas de reparación para las personas afectadas. 

Si la impunidad es co-sustancial a las dictaduras o durante los conflictos armados, diferente es la impunidad que persiste en tiempos de gobiernos constitucionalmente elegidos. Por lo mismo, es experimentada de forma más dramática. Y como asevera Paz Rojas, del Codepu de Chile: “Con el tiempo la impunidad induce mecanismos de perturbación intrasíquica intersubjetiva y transubjetiva, capaces de producir trastornos mentales iguales o aún más graves que la tortura”, constituyendo todo esto una tortura síquica interminable en el tiempo. Así lo señalan innumerables testimonios de las personas afectadas.