Jorge Barata, de Odebrecht, llegó al país 52 veces entre 2000 y 2006. Marcos de Moura, de Camargo Correa, arribó a Bolivia en 31 oportunidades

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11 de noviembre de 2018, 19:00 PM
11 de noviembre de 2018, 19:00 PM

Fueron los estrategas de los sobornos para adjudicarse obras públicas. Jorge Enrique Simoes Barata, de la empresa Odebrecht, y Marcos de Moura Wanderley, de la constructora Camargo Correa, arribaron a Bolivia en varias ocasiones para hacer negocios y lograr adjudicarse obras públicas. El primero llegó al país en 52 ocasiones entre 2000 y 2006 y, el segundo, aterrizó en suelo nacional 31 veces entre 2002 y 2008. Algunos de estos viajes coinciden con fechas de cambios de pliegos del contrato y la firma y adjudicación de las obras camineras. EL DEBER accedió al flujo migratorio de los dos empresarios brasileños que radicaban en Lima, Perú.

Ambos tenían viajes a varias partes del mundo y pocas veces se quedaban en la capital peruana, donde representaban a las constructoras. A Bolivia llegan varias veces, según el informe que diseñó la comisión legislativa del vecino país que investiga el caso Lava Jato. Este medio, en su edición anterior, publicó correos electrónicos de los empresarios brasileños que mencionan a Bolivia en cuatro mensajes y en ellos se determina el pago de coimas (capilés) a funcionarios bolivianos de los gobiernos de Eduardo Rodríguez Veltzé y de Evo Morales.

La comisión legislativa dejó a un lado la gestión de Morales y, según la diputada Susana Rivero, no se halló indicios para indagar a exfuncionarios a partir del 22 de enero de 2006. Sin embargo, se investiga a un exministro de Rodríguez Veltzé por los viajes que realizó a Perú y Brasil mientras cumplía funciones públicas. El procedimiento de Marcos de Moura Wanderley era para adjudicarse la carretera Roboré-El Carmen. Este empresario llegó a Bolivia en 31 oportunidades y priorizó sus arribos en las gestiones de los expresidentes de Bolivia Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Mesa.

Aunque también llega con menos intensidad durante los gobiernos de Eduardo Rodrí- guez Veltzé y Evo Morales. Durante la administración de Mesa arribó al país en siete oportunidades y en fechas importantes para sellar la adjudicación de la obra. Todas las salidas son desde el aeropuerto internacional Jorge Chávez, de la capital peruana, y utilizó la extinta aerolínea nacional Lloyd Aéreo Boliviano (LAB) y otra empresa internacional.

El 12 de octubre de 2005, en el mandato de Rodríguez Veltzé, ingresó a Bolivia vía terrestre por la frontera de Desaguadero. Según un informe de la comisión legislativa peruana, existen tres fechas decisivas en las que Marcos de Moura Wanderley arribó a Bolivia. El 8 de noviembre de 2004, cuando se modifican los pliegos del contrato de adjudicación de la vía Roboré-El Carmen; el 7 de enero de 2005, cuando se adjudica la obra y el 27 de enero de 2005, cuando se firma el contrato. En la primera fecha, el empresario brasileño se queda en el país durante tres días. Llega de Lima y regresa a esa ciudad. En la segunda data llega, se va la misma jornada y utiliza dos aerolíneas comerciales. Y en la última fecha se queda en el país durante dos días. Marcos de Moura Wanderley fue el CEO de la empresa Camargo Correa en Perú. Fue quien mandó correos electrónicos a ejecutivos de la compañía en San Pablo (Brasil) y quien estaba al frente de las negociaciones y pago de sobornos a funcionarios para la construcción de la carretera en el oriente boliviano.

Juicio en Perú
En la actualidad enfrenta un proceso en Perú por lavado de dinero, pero radica en Brasil, donde también aporta con datos a la justicia de ese país. Su abogado en Lima, Fernando Silva, negó culpabilidad de su cliente y señaló que los correos enviados no hablan de coimas, según medios peruanos. Las negociaciones para la construcción de la carretera comenzaron el 20 de agosto de 2004, cuando Mesa promulgó el Decreto Supremo 27693, en el que instruye al extinto Servicio Nacional de Caminos (SNC) licitar las obras. Dos meses después, a través de otros decretos, vuelve a insistir a esa instancia a licitar y suscribir el contrato.

Es el 27 de enero de 2005, en presencia de Mesa, que se firmó el contrato entre el SNC y la empresa Camargo Correa, gestor del financiamiento del 80% de 118, 93 millones de dólares, cubiertos por el Programa de Apoyo a las Exportaciones (Proex) del Banco do Brasil. La contraparte del 20% debía ser cubierta por el Estado boliviano, pero no se logra captar ese monto y el convenio quedó sin efecto por una cláusula de desestimación. El abogado de Mesa, Carlos Alarcón, minimizó la llegada de los empresarios brasileños durante la gestión del ahora candidato presidencial por el Frente Revolucionario de Izquierda (FRI) y apuntó a la comisión legislativa boliviana, que preside la diputada Susana Rivero, de “manipular” datos del caso.

“Nosotros consideramos que todas estas son informaciones manipuladas y tergiversadas por parte de esta comisión (legislativa boliviana) que no tienen una relación directa con las pruebas más relevantes. Las pruebas más concluyentes son los correos electró- nicos que hacen referencia a los sobornos y esas pruebas no fueron tomadas en cuenta por la diputada Rivero”, remarca Alarcón. Susana Rivero es presidenta de la comisión mixta que investiga el pago de estos sobornos.

La diputada del Movimiento Al Socialismo (MAS) informa que esta instancia terminó su informe sobre los casos Odebrecht y Lava Jato y lo entregó a la Asamblea Legislativa para su aprobación. Además, la legisladora explica que esa instancia detectó “movimientos inusuales y sospechosos” de dinero de al menos ocho personas, todos exfuncionarios de los gobiernos de Gonzalo Sánchez de Lozada, Carlos Mesa y Eduardo Rodríguez Veltzé, a quienes debe investigarse. Patricia Ballivián, actual gerente del Servicio de Empresas Públicas, que también fue gerente del Servicio Nacional de Caminos y que firmó los contratos con Odebrecht y con Camargo Correa, no es investigada por la comisión de diputados.

Rivero detalla que el primer indicio es la forma en que operaron los enviados de la empresa Camargo Correa en otros países y que realizaron la misma estrategia en Bolivia. Luego compararon las coincidencias de los viajes y reuniones entre ex funcionarios bolivianos y los gestores brasileños, principalmente en Perú. El tercer eje de la investigación es el movimiento inusual y sospechoso de las cuentas y depósitos bancarios de las personas investigadas. 

Los viajes de Barata
Marcos de Moura Wanderley realizó también viajes a Bolivia en 12 ocasiones en la última gestión de Sánchez de Lozada, cinco en el Gobierno de Rodríguez Veltzé y, llegó al país días antes de entregar la carretera Roboré-El Carmen, en el mandato de Evo Morales. Sobre los periplos a Bolivia de Jorge Barata, de la empresa Odebrecht, el empresario brasileño realizó viajes al país desde mucho más antes que Mesa asuma el poder, el 17 de octubre de 2003. Llegó 16 veces en la última gestión de Hugo Banzer y en 20 ocasiones en el Gobierno de Jorge Quiroga. Además, arribó al país en siete oportunidades en el Gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, cinco veces en el de Mesa y dos veces en los mandatos de Rodríguez Veltzé y de Evo Morales.

Odebrecht estuvo a cargo de la construcción de la carretera El Carmen-Arroyo Concepción, que es la continuación de la vía que llega desde Roboré y que fue adjudicada a la constructora Camargo Correa.

Estos tramos, que son parte del corredor bioceánico, fueron entregados el 15 de enero de 2009 en presencia de los presidentes de Bolivia, Evo Morales, y de Brasil, Lula Da Silva. Barata trabajó durante más de 20 años en Perú y entre 2011 y 2016 fue el director ejecutivo de esa constructora en el país vecino. A finales de la gestión pasada, la justicia peruana lo excluyó del caso de la carretera Interoceánica, a cambio de que se convierta en colaborador eficaz. Esto significa que brindará toda la información que tiene sobre los funcionarios que aceptaron sobornos de la firma brasileña. La mayoría de los viajes a Bolivia que realizó Barata provinieron de Perú, pero existen algunos desde Brasil.

En dos ocasiones utilizó vuelos particulares. Rivero explica que la comisión legislativa solamente halló indicios de corrupción y que tras la aprobación del informe en la Asamblea Legislativa Plurinacional el documento pasará al Ministerio Público para que inicie una investigación cruzando datos con sus pares en Perú y Brasil. Por ejemplo, la Fiscalía peruana ya tomó declaraciones a De Moura Wanderley y Barata en territorio brasileño. Alarcón considera que esta investigación tiene fines políticos y que la intención es inhabilitar al candidato del FRI. Las encuestas ponen a Mesa como el principal rival de Morales.