Luego de la destitución por ‘mal desempeño’ del presidente de Paraguay Fernando Lugo, pregunté a un diplomático paraguayo cuál era su opinión sobre esa situación. Él se limitó a expresar que Lugo ya no tenía respaldo y que su país simplemente debía trabajar en mejorar su imagen internacional. Aquí se trata de ocultar que Lugo fue víctima de un juicio político irregular, cuyo reglamento fue aprobado después de la acusación.
Este conflicto tiene que ver con temas que los movimientos campesinos pusieron sobre el tapete: los intereses de grupos de poder vinculados a capitales financieros, petroleras, transnacionales, agroexportadoras, latifundistas robustecidos con la soya transgénica y el mercado internacional de carne elaborada; sectores dedicados al narcotráfico (producción de marihuana); y al mismo empresariado afín al Gobierno. Estos actores habían preparado sistemáticamente la salida de Lugo. Sin embargo, el conflicto también tiene relación con un tema transversal: el problema agrario.
Las políticas agrarias de Lugo fueron neutralizadas desde un principio. Acciones gubernamentales, como la intervención al Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), en febrero de 2012, revelaron irregularidades estructurales en materia agraria. Por ejemplo, de los 406.752 km2 de superficie del país, en papeles oficiales del Indert figuran más de 528.000 km2 de propiedades registradas, entre ellas, las de uno de los principales latifundistas, un senador del Partido Colorado, que amasó su fortuna gracias a su estrecha relación con la dictadura de Stroessner. En ese periodo se repartieron millones de hectáreas de manera irregular a allegados al régimen. El mencionado senador, solo en la estancia Morombí, donde ocurrió la matanza de campesinos y policías, posee más de 70.000 hectáreas dedicadas al agro.
Según informes ministeriales, la suma de las propiedades con menos de 20 hectáreas representa el 83% del total de propiedades agrarias, que solo ocupan el 6% de la superficie nacional; mientras que los latifundios con más de 500 hectáreas representan el 1,5% del total de propiedades y ocupan un 81% del territorio paraguayo.
Por otro lado, algunos extranjeros poseen tierras en franjas fronterizas, prohibidas en Bolivia dentro de los de 50 km y en Brasil, dentro de los 100 km, lo que dio lugar a que el 90 % de las tierras públicas del Chaco estén en manos extranjeras, o sea, en las de los denominados latifundistas ‘brasiguayos’. El Indert pidió la formulación de una nueva ley que regulara la riqueza nacional, es decir, la tierra.
Sin duda, en nuestros pueblos, la conflictividad agraria, el acceso a la tierra, las reformas agrarias inconclusas y las políticas de colonización tienen características comunes.
(*) Sociólogo villkalop@gmail.com
