Piden a la UE y ONU que instalen una comisión de la verdad vinculante para revisar los conflictos de 2019

El activista boliviano por los derechos humanos y la paz, Guillermo Bretel, presentará este domingo 1 de enero (2023) unas cartas ante las Naciones Unidas (ONU), el Parlamento Europeo y la Comisión Europea, para solicitar que se conforme e instale una comisión de la verdad imparcial y vinculante, a fin de esclarecer los conflictos sociales que estallaron en Bolivia entre noviembre y diciembre de 2019.

EL DEBER tuvo acceso a las cartas las cuales están dirigidas al secretario General de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, Roberta Metsola, presidenta del Parlamento Europeo y Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea.

La misiva señala el pedido "con carácter de urgencia" para que las tres autoridades de las entidades internacionales presten atención a los conflictos en Bolivia que persisten desde la crisis social y política de 2019, y que tienen "sumergidos a la sociedad una vez más en una ola de violencia vandálica y de represión policial". 

Bretel señala que existe un país dividido en opinión sobre si se gestó un supuesto golpe de estado o una sucesión constitucional que terminó con la huida del expresidente Evo Morales hacia México desde el aeropuerto del Chapare en noviembre de 2019.

Recuerda que el gobierno de transición de Jeanine Áñez se instaló y fue reconocido por la Unión Europea (UE) y la Organización de Naciones Unidas (ONU), por ello, recalcó en la necesidad de que se conforme una comisión de la verdad con el fin de revisar lo sucedido en esos días luctuosos de octubre y noviembre de 2019.

“Hago esta solicitud en el entendimiento de que el proceso transicional en Bolivia, al no contar con elementos esclarecedores como una comisión de la verdad vinculante, ha fallado en el cumplimiento de su real cometido de restaurar la paz a largo plazo y establecer un mínimo de reconciliación social”, indica.

El también diputado del Parlamento de Baviera, Alemania, sostiene que el país se encuentra inmerso en un conflicto que puede derivar en una guerra civil con consecuencias devastadoras, por lo que todavía “estamos a tiempo de prevenir una catástrofe humana si se toman las medidas pertinentes de forma oportuna”.

Sostuvo que si bien el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), instrumento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), estuvo en el país para levantar un informe de la vulneración de los derechos humanos en la crisis de 2019, tales documentos y recomendaciones no fueron atendidos por el Estado boliviano.

En ese sentido, mencionó la falta de independencia del sistema judicial que fue señalada por el informe del relator de la ONU, Diego García Sayán Dijo que las acciones emprendidas por el Gobierno de Luis Arce en ese punto son objetos de desconfianza en amplios segmentos de la población.

“El sesgo político convierte al Gobierno boliviano al mismo tiempo en juez y parte en los hechos a investigar. Es decir, lo que para ciertos sectores constituye en consecución de justicia, para otros es percibido como venganza política”, expresó Bretel.

Actualmente, Bolivia vive momentos de tensión después de la repentina aprehensión que ejerció la Policía en contra del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, que fue trasladado hasta La Paz el mediodía del miércoles 28 de diciembre. La madrugada del jueves en una audiencia cautelar, un juez dispuso su detención preventiva por el lapso de cuatro meses en la cárcel de Chonchocoro, acusado por el caso Golpe I.

Desde la aprehensión de Camacho y su encarcelamiento, se generaron varias reacciones de líderes de oposición y protestas de la ciudadanía las cuales fueron reprimidas con violencia e ira por parte de la Policía.