Joven aprehendida por caso ciberestafa es la socia accionista del 50% de la empresa intervenida

La joven de 19 años que fue aprehendida la noche del jueves, en la capital cruceña, dentro de las investigaciones por ciberestafas, sería la socia accionista del 50% de la empresa allanada que operaba desde un edificio ubicado en la zona de Equipetrol.

La fiscal Mirtha Mejía confirmó a EL DEBER que con la captura de esta joven, quien tenía un importante cargo dentro de la organización sindicada de cometer estafas, se comprueba que la empresa montada en el edificio del segundo anillo, entre las avenida San Martín y Busch, era solo una fachada para cometer delitos vinculados al cibercrimen.

En esa línea, el fiscal departamental de Santa Cruz, Roger Mariaca, indicó que la socia capitalista es la joven, de 19 años, mientras que el otro accionista es el ciudadano asiático.

"Ayer se procedió a la aprehensión de una décima persona que tendría participación dentro del caso ciberestafas, dedicada a cometer diferentes ilícitos", dijo el fiscal.

Los primeros nueve aprehendidos ya fueron imputados formalmente por la Fiscalía, dos de ellos (ciudadano chino y colombiano) son sindicados por los delitos de enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado y los otros siete acusados por favorecimiento al enriquecimiento ilícito.

"19 años tiene la socia capitalista de esta empresa, desde luego que todos tenemos derecho al trabajo, pero nótese que hablamos de una persona que ni siquiera es profesional o no tiene el sostén económico para ser parte de una organización", cuestionó Mariaca.

La joven que se convierte en la décima investigada luego de desbaratar la organización sindicada de cometer estafas cibernéticas, podrá defenderse con su abogado, en tanto la Fiscalía prepara la toma de su declaración y posterior imputación.

¿Cómo estaba estructurada la organización en Santa Cruz?

Según el fiscal departamental de Santa Cruz, Roger Mariaca, la organización sindicada de cometer estafas cibernéticas que se asentó en un edificio en la zona de Equipetrol, estaba bien estructurada, teniendo en cada piso del edificio, sectores dedicados a estafar a víctimas por cada país.

"Esta es una organización que está en diferentes países, pero algo importante es señalar que, dentro del edificio de Equipetrol, uno operaba (estafaba) en Perú, otro en Chile, México y así sucesivamente. Estaban bien organizados y tenían encargados de ciertos niveles, pero todo bajo la dirección del ciudadano asiático y otras personas que hoy están aprehendidas", explicó Mariaca.

Considera que la organización ha venido trabajando con asiáticos, peruanos y otros ciudadanos extranjeros, y que posiblemente al verse sorprendidos en Perú, en un caso similar tiempo atrás, éstos han migrado y se asentaron en el país.

"No hay víctimas en el país, las víctimas están fuera de las fronteras a quienes amenazaban para realizarle cobros, porque ellos aquí trabajaban como un Call Center cobrando supuestas deudas", dijo.

Por esta situación, es que explica que los ahora investigados no han sido imputados por estafas agravadas o extorsiones, ya que las victimas están fuera del territorio nacional, y la investigación en Santa Cruz se sigue por supuesto enriquecimiento ilícito.

"Se han encontrado planillas, registro del personal con sueldos mínimos de 2.500 a 3.000, si se movía dinero, ellos prometían comisión y todos estos indicios serán expuestos en audiencia de medidas cautelares", sostuvo el fiscal departamental.

¿Qué solicitará la Fiscalía en contra de los imputados?

Mariaca indicó que como Ministerio público solicitarán la detención preventiva de los investigados, por un plazo de 180 días en la cárcel de Palmasola, como el fin de asegurar la presencia de estas personas en el país.

 Los primero nueve investigados que irán ante un juez son: Lei Z., de nacionalidad China, los peruanos Gianella M.M.L, Luis A.F. S. y Franco R.R., además del colombiano Miguel A.F. (traductor del chino) y los bolivianos Marcelo T. M., Percy R.D. y Fiorela S.V., todos aguardan su audiencia de medidas cautelares en celdas policiales.