El fallecido fiscal Alberto Nisman acusa a la presidenta argentina, Cristina Fernández, de articular un "plan criminal de impunidad" para los supuestos autores del atentado contra la mutual judía AMIA en la denuncia íntegra que ha sido divulgada este martes por el juez del caso, Ariel Lijo.

El informe fue presentada por Nisman el pasado miércoles, cinco días antes de su muerte en extrañas circunstancias. Allí carga contra la presidenta por presunto encubrimiento a terroristas iraníes en el atetado que dejó 85 muertos en 1994.

En la denuncia, Nisman asegura que Fernández "no solamente fue quien decidió la articulación de este plan criminal de impunidad, sino que para ello se valió de distintos actores para llevar adelante su ejecución".

Nisman también acusa a la mandataria argentina de encabezar "la campaña discursiva y mediática necesaria para camuflar la perpetración del delito".

El canciller, Héctor Timerman, fue "el principal instrumentador del plan de impunidad ideado" y "transmitió a Irán la decisión del gobierno argentino de abandonar el reclamo de justicia de la causa AMIA", según el documento.

La demanda alcanza también al diputado oficialista Andrés Larroque, los militantes Luis D"Elía y Fernando Esteche, el exfiscal de la causa AMIA Héctor Yrimia, y un supuesto espía al que Nisman llama Ramón Allan Héctor Bogado, entre otros.

Además, el fiscal había pedido "determinar el rol exacto" de otros "que no resultan ajenos a la maniobra", como el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido.

En la denuncia, Nisman sostiene que el memorándum de entendimiento con Irán aparece como "la pieza central del plan de impunidad" supuestamente ideado por las autoridades argentinas.

Firmado en 2013, el memorándum preveía la revisión de toda la documentación de la investigación judicial, la posibilidad de que los sospechosos del ataque terrorista fuesen interrogados en suelo iraní y la conformación de una "Comisión de la Verdad".

"La firma y ratificación de tal documento implica lisa y llanamente la destrucción de las imputaciones contra los acusados de nacionalidad iraní", asegura el fiscal.

"Sabían que la Comisión de la Verdad no había sido creada para investigar absolutamente nada, sino para legitimar la mentira que se estaba fabricando", añade.

Para Nisman, los funcionarios "actuaron con un único propósito", el de "lograr la impunidad" de los acusados iraníes "en pos de establecer plenas relaciones comerciales a nivel estatal".

"La primera mandataria entendió que el petróleo iraní tendría la capacidad de aliviar la severa crisis energética que viene atravesando el país", resalta el fiscal.

En ese marco, el interés principal de Teherán para suscribir el acuerdo sería "el cese de las notificaciones rojas de Interpol" que pesan sobre los iraníes acusados.

"Timerman no cumplió, no porque no haya querido, sino porque Interpol se lo impidió", afirma Nisman en su escrito.

"Mientras transcurrían las negociaciones diplomáticas públicas", el supuesto plan avanzaba en canales paralelos con Teherán, momento en que para Nisman se gestó el "aspecto fundamental": "la desviación de la investigación hacia una nueva y falsa hipótesis" que incrimine a terceros y desvincule a los iraníes.