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“(Los jueces y fiscales) están haciendo de la justicia un ‘modus operandi’ para bajar la tipificación de un delito a cambio de un soborno”, afirmó el viceministro de Régimen Interior, Marcelo Elío, al hacer referencia a los casos de corrupción que involucran a representantes del Ministerio Público y del poder Judicial, el último de los cuales es protagonizado por un juez en La Paz que fue grabado mientras pedía dinero a la madre de un acusado.

La autoridad estatal informó de que a raíz de las múltiples denuncias se ha creado una comisión conformada por policías y civiles que tienen por misión “seguir con lupa” el trabajo de los jueces y fiscales.

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Esto ha permitido, dijo Elío a Unitel, desbaratar una banda delincuencial de funcionarios públicos que se dedicaban a extorsionar a los litigantes. Cinco fiscales estaban involucrados en esta tramoya y han sido dados de baja.

El último caso que ha vuelto a poner a la justicia en el ojo público es un video en el que se ve al juez del Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción de la ciudad de La Paz, Marcelo Barrientos, pidiendo a una litigante el pago de 15.000 dólares.

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Una banda delictiva en Santa Cruz
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Elío adelantó que la comisión de inteligencia que sigue a jueces y fiscales ha reunido elementos de investigación que demuestran que en la ciudad de Santa Cruz opera una red delincuencial integrada por estos administradores de justicia, además de abogados, que ha convertido los casos relacionado con el avasallamiento de tierras.

Sin embargo, no es la primera vez que servidores públicos se ven involucrados en hechos ilícitos. En noviembre de 2012 se destapó el caso de la red de extorsión y corrupción que condujo a más de una decena de jueces, fiscales y funcionarios de Gobierno en la cárcel de Palmasola.

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