Nueve días antes de cumplir cuatro años, Madeleine McCann desapareció de su cama la noche del 3 de mayo de 2007 en un apartamento de alquiler vacacional en Praia da Luz, Portugal.

Madeleine, nacida en el Reino Unido, estaba de vacaciones con sus padres, Kate y Gerry McCann y sus hermanos mellizos de dos años de edad.

Inmediatamente después de la desaparición, la noticia se expandió como pólvora y los medios de comunicación a nivel mundial se interesaron por el tema, expertos de Gran Bretaña volaron hasta Portugal para ayudar a la familia McCann, y un millonario se ofreció como mecenas para ayudar en todo lo que pueda para encontrar a Madeleine. A pesar de todos los esfuerzos, hasta ahora no se sabe de su paradero.

Casi 12 años después de la desaparición de Madeleine McCann la compañía Netflix estrenó el documental titulado: La desaparición de Madeleine McCaan.

Mientras todo esto ocurre, muchos padres, en el resto del mundo, entre ellos Bolivia, también sufren por la desaparición de un hijo o de una hija. Y sufren en silencio, remando solos la dura batalla de buscar a sus seres queridos.

El Observatorio de Trata de Personas de Bolivia reveló que el 2018 se registraron 431 denuncias de personas víctimas de trata de personas, pornografía, proxenetismo y tráfico de personas. El departamento en el que más denuncias se registraron fue en La Paz, seguido por Santa Cruz y Cochabamba. De dichas cifras, el 67.51% son mujeres y un 32.48% varones, reflejando que las mujeres aún se constituyen en el grupo más vulnerable.

La información que presentó el Observatorio fue elaborada en base a los datos de la Policía boliviana, registrados a nivel nacional durante el año pasado por la División Análisis Delictual del Departamento Nacional de Estadística, dependiente de la Dirección Nacional de Planeamiento y Operaciones.

Pero las personas desaparecidas en Bolivia datan de hace mucho tiempo: años, décadas.

Norma Roca vive un calvario desde hace 29 años. El 5 de marzo de 1990 vio por última vez a su niña de 4 años edad, Leidy Yenny Justiniano Roca que en la tarde había acudido a un kínder de Santa Cruz donde desapareció sin dejar rastros, causándole un vacío enorme en su corazón atormentado que la sigue buscando sin parar.

Norma, desconsolada, la tarde en que robaron a su hija acudió a una radio, a un canal de televisión y a la Policía para denunciar, para que la ciudad se entere y para que le avisen si ven a su niña. Pensó y ató cabos. Le dijo a la Policía que desconfiaba de Marcos, el papá de su hija, de su pareja de él, Kity, y de su hermana de éste, Sonia. Semanas antes, Norma había acudido a la justicia para exigir que el hombre cumpla con su obligación de padre y le asista económicamente.

Como los policías no hicieron bien su trabajo, dice que ella empezó a investigar por su cuenta. Dio con un muchacho de nombre Álvaro que había sido contratado para ejecutar el rapto pero que a último momento se arrepintió de ser él quien ejecute el plan y que le reveló que decidieron robarle a la niña para evitar pagar la pensión que por ley debe cumplir el padre. Norma gastó sus pocos recursos que tenía en un proceso judicial que no prosperó y cuyo fallo, después de seis meses, la sumió en una nueva tristeza.

“A Marcos lo declararon inocente, a Kity y a Sonia, que no eran culpables ni inocentes, que, si bien eran sospechosos porque había indicios, no había pruebas contundentes”, cuenta Norma, que también recuerda que después volvió a buscar al papá de su hija, que le rogó que le diga la verdad.

“Él se puso a llora, me dijo que le perdone, que estaba seguro que fue Kity, su pareja la que hizo todo. Se quejó de que la mujer era esquizofrénica, que lo amenazaba con cuchillo. Yo le conté eso a la Policía. Lo metieron preso, pero él se negó lo que me había dicho y lo dejaron en libertad”, lamenta.

Norma tuvo que salir del país en busca de recursos económicos para seguir buscando a su niña. El 2000 hizo maletas de emigrante y se fue a trabajar a Italia. También tuvo una nueva pareja y un niño. Su relación sentimental no prosperó, pero su hijo le inyectó fuerzas para no desmayar, para tener ganas de vivir, para no descansar en la búsqueda de su Leidy Yenny.

Cada cierto tiempo retorna a Bolivia y hace tres años, cuando estuvo en Santa Cruz, la vio a Sonia, la hermana de su exmarido. La increpó de nuevo y la mujer le soltó otras pistas. Le dijo que la tal Kity la entregó a su hija a un narcotraficante que vivía en Trinidad. El 2017, cuenta Norma, reabrió el caso judicialmente.

También cuenta que una vez creyó que había dado con su hija y que a una muchacha le hizo practicar el examen de ADN para tener certeza: dio negativo.

Ahora está por hacerle hacer otro ADN a una muchacha que a su vez busca a sus padres. Norma piensa ir más lejos: llevar su caso ante la comisión de Derechos Humanos de La Haya para denunciar la orfandad en la que ella, y muchísimas personas que sufren la desaparición de sus hijos, luchan solas, destinan sus recursos y hasta tienen que hacer el trabajo de investigadores entre el dolor y la angustia de no saber qué ha pasado con su ser querido.

“Esto es solo un resumen del calvario que he vivido”, dice Norma, desde Italia, donde trabaja duro para que su hijo estudie en la universidad y seguir con la cruzada de encontrar a su hija. “No voy a descansar hasta que a encuentre”.

En 2006, recuerda el Observatorio de Trata y Tráfico, durante el gobierno de Eduardo Rodríguez Veltzé se aprobó la Ley 3325 de trata y tráfico de personas y otros delitos relacionados y también se creó las divisiones de trata a cargo de la Policía.

En 2009, con la aprobación de la Nueva Constitución Política del Estado y las elecciones, se instala la nueva Asamblea Legislativa Plurinacional y se reinició la discusión sobre la ley de trata.

El 31 de julio de 2012 se promulgó la Ley 263 Integral Contra la Trata y Tráfico de Personas Bolivia, con el objetivo principal de combatir estos delitos y garantizar los derechos fundamentales de las víctimas por medio de la consolidación de medidas y mecanismos de prevención, protección, atención, persecución y sanción penal. Asimismo, el 6 de febrero de 2013 se promulga el Reglamento de la Ley Nº 263, mediante el Decreto Supremo Nº 1486, para promover la aplicación de la norma de manera puntual mediante operativos y controles.

En Bolivia, existe la Asociación de Familiares Víctimas de la Trata y Tráfico de Personas (Asafavittp). Desde esa plataforma se dan fuerzas, buscan apoyo nacional es internacional y hacen visible la búsqueda utilizando diferentes medios.

Lidia Ramos es la presidenta de la institución en la ciudad de El Alto y también es madre de Juliva Nina Ramos que desapareció el 10 de julio del 2014.

“Había ido a la universidad de El Alto pero ya no retorno a casa”, dice Lidia, que con una voz apagada dice que sigue en la dura batalla de buscar a su hija que el 5 de enero cumplió 25 años de edad.

En la Asociación, detalla, se ocupan, entre otras cosas, de enviar las fotografías de sus seres queridos las redes sociales, medios de comunicación, grupos que luchan a derechos humanos e instituciones.

Cuando un ser querido se pierde, todo cambia en la familia, en los otros hijos y también la sociedad, coinciden tanto Norma Roca y Lidia Ramos, que aseguran que no ha existido una sola noche en que no piensen que la hija que cada una perdió ingrese por la puerta de sus casas.

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