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Los Defensores del Pueblo de Latinoamérica, reunidos en su XX Congreso Anual en Montevideo, coincidieron en que la transparencia es la base para la consolidación de las democracias en la región e identificaron el acceso a la información pública como el principal requisito para garantizarla.

"Debemos coincidir que no se puede hablar de plena vigencia del Estado de derecho sin la garantía y cumplimiento del derecho de los ciudadanos a acceder a la información pública, como un mecanismo fundamental para garantizar la transparencia en la gestión pública y mejorar la calidad de la democracia", afirmó Rolando Villena, actual Vicepresidente de la Federación Iberoamericana del Ombudsman (FIO).

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Aurelio Veiga Rios, Procurador de los Derechos Humanos del Brasil, remarcó la importancia de tener leyes de acceso a la información, suficientemente, claras y efectivas. "Las comunidades más humildes y vulnerables puedan acceder a la información pública en igualdad de condiciones que las ciudades", dijo.

Con esta posición coincidió el Defensor del Pueblo de Colombia Jorge Otálora, quien aclaró que "el gran reto de la transparencia institucional en la región está en garantizar el acceso a la información en las zonas más apartadas de los países donde la presencia del Estado es deficiente".

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"El derecho a la información pública implica el derecho a participar, pero también significa poder controlar cómo se desarrolla la gestión pública. Esto es muy importante porque la ciudadanía que no está informada difícilmente pueda tomar decisiones en cuanto a la gestión", agregó el Defensor del Pueblo de Ecuador, Ramiro Rivadeneira.

A propósito de este aspecto, Villena afirmó que el acceso a la información se ve limitado por una serie de normas y mecanismos que los gobiernos establecen respecto a este derecho. "Muchas veces la información reservada constituye la regla y no la excepción, y se exige al ciudadano que justifique el uso de la información pública antes de proveerla", concluyó.