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El expresidente Carlos Menem, de 85 años, seguirá por videoconferencia el juicio por encubrimiento en la investigación del atentado a una mutual judía de Argentina que causó 85 muertos en 1994, y en el que es uno de los 13 acusados, informó este miércoles una fuente judicial.

En la primera audiencia del juicio por desvío de pruebas que se inició la semana pasada, a 21 años del peor atentado de la historia argentina, Menem estuvo ausente por problemas de salud.

El abogado de Menem, Omar Daer, explicó que su defendido sufre "un agravamiento de su hipertensión arterial, junto a un cuadro de esclerosis y artrosis por su avanzada edad" que le impiden la comparecencia a las audiencias y pidió que se lo autorice a seguirlas por videoconferencia. El certificado médico presentado era ilegible.

El Tribunal Oral Federal autorizó al exjefe de Estado a seguir el juicio por videoconferencia, indicó el miércoles el portal del ministerio de Justicia.

Los imputados


A los 13 acusados, entre ellos un exjuez, dos exfiscales y un exdirigente de la comunidad judía, se les imputa violación de medios de prueba, falsedad ideológica, encubrimiento, abuso de autoridad y peculado.

Menem está acusado de haber ordenado al destituido juez Juan José Galeano -también imputado y que instruyó la causa hasta 2004- que abandonara la llamada "pista siria", que involucraba a un ciudadano de ese origen, y cuya familia tenía vínculos con la del expresidente.

Según la Fiscalía, ese ciudadano de nombre Alberto Kanoore Edul tenía además vínculos nunca investigados con el iraní Moshe Rabbani, exencargado cultural en la embajada de Teherán en Buenos Aires, uno de los acusados de haber organizado el atentado.

El juicio

Durará al menos un año y solo aborda el ocultamiento de pruebas y desvío de la investigación, sin ocuparse de la autoría del atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), con 85 muertos y 300 heridos.

La justicia argentina acusa a ex altos funcionarios de Irán de haber organizado el atentado, algo que Teherán niega, por lo que no acepta extraditar a los imputados para que declaren.