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El sector del transporte pesado se declaró en emergencia después de concluir un ampliado departamental en el que anunciaron que desde las 00:00 del martes iniciarán bloqueos en las vías que conectan a la capital cruceña con ciudades del interior y zonas fronterizas. 

La raíz de esta decisión responde a un pliego petitorio que se extiende en 11 demandas y que afecta a transportistas locales, internacionales, cisterneros, ganaderos y otros afines al sector, según el presidente de la Asociación de Transportadoras Internacional Cruceña, Óscar Michel, quien subrayó que cerca de 6.000 transportistas estarán movilizados.

Entre las demandas está la otorgación de un cupo del 50% para el transporte de urea en el tramo Bulo Bulo - Quijarro, puesto que en su totalidad fue cedido al sector ferroviario, según Michel, al igual que el cumplimiento del compromiso de la Aduana Nacional de Bolivia de no perseguir a los camiones nacionalizados en la amnistía llamada por el Gobierno y la liberación de camiones retenidos.

Asimismo, la Asociación de Transporte Independiente de Combustible se manifestó a través de su presidente, César Mansilla, para señalar que la estatal YPFB entregue las cargas de combustible sin empresas intermediarias. 

“Estos empresarios negocian nuestros fletes y los pagos son muy bajos, incluso a veces nos pagan después de cuatro meses”, expresó Mansilla, quien lamentó llegar a estas instancias y el perjuicio que se genera a otros sectores, pero “es la única forma de ser escuchados”.

Otro dirigente del sector, Juan Yujra, aseguró que las autoridades los tienen a vueltas y que no hay respuesta. Pidió regularizar los temas ya que son miles de transportistas y familias afectadas.

Estos dirigentes expresaron su malestar porque esta problemática mermó sus utilidades mensuales hasta un 80%, algo que afecta a otros campos que trabajan con ellos y que se unirán a la protesta, en este caso mecánicos .

Entre otras exigencias, está la creación de un ente regulador de tarifas para el transporte pesado y ferroviario y la modificación del código tributario. También se oponen a la creación del tren bioceánico, puesto que desplazaría a los choferes en sus actividades.

Al ser consultado, el presidente de la Cámara de Transporte del Oriente, Erlan Melgar, recordó que estas problemáticas son antiguas y que las autoridades deben asumir las negociaciones, además de extender su apoyo a los transportistas.

Este medio hizo la consulta al viceministro de Transporte, Galo Bonifaz, para conocer su posición al respecto; sin embargo, el ejecutivo no emitió declaraciones, al igual que otros como el presidente de YPFB, Óscar Barriga, y la presidenta de la Aduana, Marlene Ardaya. En caso de no ser atendidos, los transportistas tienen previsto reunirse en un ampliado nacional el miércoles y así tomar otras medidas de presión.

Privados piden diálogo
Desde la Asociación Nacional de Productores de Oleaginosas, el presidente Marcelo Pantoja dijo estar en contra de estas movilizaciones puesto que perjudican a la economía. “No es justo iniciar un bloqueo que perjudique a sectores que son complementarios, el transporte nos perjudica siendo que viven de nosotros, este tema hay que verlo de forma integral todos los sectores y el Estado”, aseveró el ejecutivo.

El titular de los empresarios privados de Santa Cruz, Gabriel Dabdoub, también manifestó que estas medidas tomadas evita el trabajo abierto y libre de otros sectores y exhortó a las autoridades de llamar al diálogo.

La misma posición tomó el gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior, Gary Rodríguez, quien rechazó la medida. Según el ejecutivo, esto afecta al cumplimiento de contratos de los exportadores e importadores, así como al mercado interno. “Las leyes establecen la libre circulación y esto debería cumplirse”, dijo Rodríguez.