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En enero de 2020 se iniciará otra etapa de la democracia boliviana y deberá enfrentar un proceso posevista. Cualquiera sea el presidente de la República, del MAS o de la oposición.

El actual Gobierno, por su modo y talante exitista que no admite fallas ni errores, ha mantenido el discurso de una economía blindada frente a la situación de la economía internacional, muy complicada de mantener por la evidencia. No es motivo de alegrarnos, será de sincerarnos y ajustarnos a la realidad. Por cálculo electoral, el actual Gobierno no tomará ninguna medida regalándole el paquete al nuevo gobierno.

En materia de gestión e inversión pública, el bonapartismo administrativo centrado en el palacio presidencial, hasta hoy responsable de la construcción de canchas deportivas, mercados y mingitorios en todo el país, entrará en crisis por la disminución de los recursos de libre disponibilidad y distribución, y por la consolidación autonómica en camino al federalismo. Deberá empezar una administración ajustada a un riguroso pacto fiscal y a un país que, más allá de los diferentes colores políticos de los circunstanciales administradores territoriales, tendrá que gestionar atribuciones y competencias. Ya no escucharemos más el chantaje de que no se trabajará con gobernadores y alcaldes si no son del partido de gobierno.

La economía deberá trabajar de verdad con sectores empresariales plurales, cooperativos, pequeños y medianos, sectores sociales productivos, emprendedores, diversificadores y aceleradores de conectividad y oportunidades, para una población presionada por la competitividad internacional, la integración de las sociedades y la reducción del tamaño del mundo. Las pruebas PISA o cualquier otro método en materia educativa que evalúe competencias antes que calificación de conocimientos, y que debe integrarse con los valores humanos de respeto a la diversidad cultural, debe permitirnos ser parte de los rankings del conocimiento, la investigación y la innovación. Y poseer una población preparada para ser útil a sí misma y aportar su sabiduría, orgullosamente, al mundo. 

Estamos descubriendo la vida en ciudades, reto que no admite mayor dilación. Somos legítima y políticamente un Estado que se asume originario indígena campesino, que debe aprender a convivir en un entorno totalmente distinto al discurso, y necesita desarrollar las experticias, derechos y obligaciones que le demanda el entorno urbano. Todo, unido a un proceso migratorio que no admite discurso en contrario por la evidencia. Cuando el censo del año 2032 señale que el 90% de la población vive en áreas urbanas, no deberemos lamentarnos de haber incumplido la labor sociológica, económica y política que ello significa realizar. Y que está en deuda hasta el momento.

El desarrollo de territorios productivos y competitivos es otra tarea que se expresará con la existencia, en la fecha mítica del 2032, para la que ya estamos en camino, de un millón de km2 técnicamente sin población. ¿Dónde se producirá la seguridad y la soberanía alimentaria imprescindible? ¿Podremos equilibrar el crecimiento de la frontera agrícola y el aprovechamiento forestal con la sostenibilidad? ¿Lograremos integrarnos a los circuitos mundiales del turismo sostenible? ¿Podremos producir quinua en cantidad y calidad en favor de nuestra gente y el ‘hambre cero’ que se ha impuesto la humanidad? Esto es parte de la ‘agenda ciudadana’ para la transición.