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“La censura manipulada por la publicidad estatal, la censura previa promovida por leyes, la asfixia financiera y la intolerancia con puntos de vista críticos, generan riesgos para las libertades de prensa y de expresión, y, por ende, para la democracia”, alertó el presidente de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), Marcelo Miralles Iporre, durante la audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que celebra su 167.º periodo en Bogotá. 

En una audiencia destinada a analizar el derecho a la libertad de expresión en la Comunidad Andina, Miralles explicó que en los últimos siete años se registraron 136 agresiones físicas y 155  agresiones verbales y amenazas. En el informe entregado a la CIDH,  la ANP abogó por el cese de la persecución judicial contra el periodista Wilson García, y reclamó justicia para las periodistas Yadira Peláez y Claudia Pardo, ambas procesadas por denunciar acoso en la empresa estatal de televisión.  
 
Agresiones frecuentes

El informe de la ANP recuerda que el Gobierno califica de ‘opositores’ a periodistas y medios independientes incitando a sectores afines  a agredir a reporteros en la cobertura de conflictos sociales.  Recordó acusaciones como el cártel de la mentira y describió que la posibilidad de cierre de medios prevista en la ley contra el racismo provocó que los medios utilizaran la autocensura como método de protección.

Recordó también que se han promulgado 12 leyes y decretos que “obligan a los medios a convertirse en portavoces de políticas gubernamentales, sin retribución alguna”, pese a que la Constitución prohíbe prestar servicio sin justa retribución.  Esto genera enormes costos que deben ser cubiertos por los mismos medios. Esto fue tipificado por Miralles como una “política de asfixia”,  que se complementa con la privación de publicidad estatal a todo medio reacio a someterse a sus políticas comunicacionales.  Asegura que eso provocó que se despida a varios periodistas que hacían periodismo de investigación y análisis.  

Advirtió además sobre un cierre inminente de medios pequeños y medianos ante la confiscación del 1% de los ingresos brutos de los medios para un seguro de vida para los periodistas independientes, que significa entre el 10% y el 20% de sus utilidades. 

“Exhortamos a las autoridades al fiel cumplimiento de la Constitución y los tratados internacionales”, pidió el presidente de la ANP.